Analisis de la realidad economica y politica de Cuba

Nuestro amigo Elías Amor Bravo, es un cubano, economista muy reconocido por sus trabajos sobre la situación económica de Cuba. Sus propuestas tienen muchos simpatizantes entre los cubanos, entre los cuales me encuentro. El también como político es uno de los más destacados miembro de la Unión Liberal Cubana (ULC), siendo  uno de los más fervientes defensores de la lucha por los Derechos Humanos y las libertades que lleva a cabo gran parte del pueblo cubano.

A continuación publicamos dos trabajos de él, que consideramos de gran importancia, por el análisis tan actual e importante en lo que respecta al futuro de Cuba:

Se busca una transición pacífica

Lunes 10 de Mayo de 2010 07:14 Elías Amor, Valencia.

En los próximos días, la Unión Europea se reunirá para decidir sobre la eventual modificación de la Posición Común sobre Cuba, acordada el 2 de diciembre de 1996 por todos los países.

La muerte de Orlando Zapata el pasado mes de febrero en una cárcel del régimen, tras una larga huelga de hambre en reivindicación de libertades y derechos humanos, supone un punto de inflexión que debe llevar a las autoridades políticas europeas a reconocer que no existe voluntad de cambio en la Isla, y que posiblemente sea necesario mantener el eje estratégico de la política común. Es decir, si el statu quo castrista se mantiene, la política de las democracias hacia la dictadura se debe igualmente mantener.

La Posición Común del Consejo de la Unión Europea, basada en el Tratado de la Unión, y en particular en lo dispuesto en su artículo 3.2, está compuesta por una serie de objetivos e ideas fundamentales.

En primer lugar, la Unión quiere alcanzar para Cuba una transición hacia la democracia plural y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, así como una recuperación y mejora sostenibles de la economía.

Nada que cuestionar al respecto. Ni el castrismo es una democracia, ni la economía muestra síntomas de supervivencia. Nadie duda que el régimen tendrá que impulsar reformas sustanciales para abandonar el modelo económico estalinista y totalitario que impide el ejercicio de los derechos de propiedad en la Isla, y la existencia de una economía de mercado libre. La transformación de la economía cubana, tarde o temprano, será una realidad.

Sin embargo, los pasos que se han dado en los últimos años por el régimen no vienen a clarificar el escenario, sino a aumentar su complejidad. Los economistas observan cómo han aumentado las desigualdades, dentro de la pobreza existente, con la consolidación de un sistema monetario dual, que obtiene críticas muy duras de la mayoría de la población, y unas notables desigualdades en el acceso a los bienes y servicios en función de la proximidad al área del dólar. Ninguna de las reformas emprendidas por el régimen ha proporcionado los frutos esperados, manteniéndose la ineficiencia productiva y la ausencia de estímulos a la actividad económica, como ejes principales de la economía de la Isla.

En segundo lugar, la Posición común adjudica al régimen castrista un rol clave para impulsar el proceso de transición a la democracia, y no formula medidas coercitivas para aumentar las dificultades económicas del pueblo cubano. El objetivo es, en suma, conseguir una transición pacífica a la democracia, por la vía de una actitud valiente y decidida del régimen por conseguir esos objetivos, tratando de mejorar las condiciones de vida de los cubanos durante ese período de transición.

Es evidente que el castrismo sigue sin mostrar un solo signo de evolución y cambio. Desde la «batalla de las ideas» a los batallones de respuesta rápida, al acoso persistente a las Damas de Blanco y la represión a la blogósfera, todo ha ido dirigido a aumentar la represión, el control y el miedo en la población, oponiéndose a cualquier cambio político. Más grave aún, mostrar a la opinión pública mundial un simulacro electoral en las asambleas del Poder Popular como un ejemplo de democracia, no deja de ser una burla continuada.

En tercer lugar, es importante observar que la Posición Común, en contra de lo que sus adversarios y la propaganda del régimen castrista se empeñan en dibujar, no supone más que una apuesta decidida por un cambio pacífico en Cuba, y para ello, pretende situar a Cuba como socio de la Unión en su proceso necesario de apertura progresiva e irreversible de la economía, si se producen mejoras en el respeto a los derechos humanos y las libertades.

Además, lo que ofrece la Posición común al régimen no es nada complicado de conseguir. Es tan fácil para el régimen castrista como cumplir su parte, para que el apoyo de la Unión se haga visible y material.

Intensificar el diálogo con las autoridades y todos los sectores de la sociedad (por supuesto, los disidentes) para alentar el respeto a los derechos humanos y avanzar hacia la democracia plural, no supone ninguna afrenta al régimen comunista, si realmente considera que tiene esa superioridad moral hacia las democracias, que no es otra cosa que una despreciable actitud hacia todo aquello que suponga alternativa de ideas.

La Posición Común se plantea la búsqueda de ocasiones para recordar a las autoridades cubanas, en público y en privado, su responsabilidad fundamental hacia los derechos humanos, en particular la libertad de expresión y asociación. Las fiestas en las embajadas, por ejemplo, podrían suponer un espacio ideal, pero existen otros muchos espacios y foros para conseguir el estímulo de ese diálogo. En vez de facilitarlo, el régimen se ha limitado a cerrar puertas, y a denunciar campañas internacionales de acoso a la revolución, encerrado en su deseo de no ceder.

También se busca alentar la reforma de la legislación cubana en lo relativo a derechos políticos y cívicos, con expresa referencia al código penal, y con ello, suprimir delitos políticos que en cualquier país democrático no tienen esa naturaleza, así como la libertad a los presos políticos y la eliminación de las medidas represivas. Tampoco parece que en este ámbito el régimen haya dado muestra alguna de cambios. La revisión del código penal en Cuba es un asunto tabú, a pesar de su violencia y del hecho de que se consideren delitos comportamientos que en ningún otro país del mundo, siquiera en dictaduras totalitarias, tienen esa misma consideración. Es evidente que tampoco hay especial interés por aflojar las duras condiciones penales que imperan en la Isla, ante un eventual estallido social que pudiera exigir el uso desmedido de la fuerza. Las anunciadas reformas por parte de Raúl Castro en los viajes y salidas al exterior, por ejemplo, no se han implementado.

La cuestión siempre controvertida de la ayuda humanitaria y de la cooperación, en la Posición Común se convierte en un objetivo establecer acuerdos previos sobre la distribución, para evitar que los fondos siempre vayan destinados a las organizaciones y redes del partido único que todo lo controla en la Isla.

En vez de facilitar esa vía de negociación, el régimen ha rechazado cualquier acercamiento, aprovechando los lazos que mantiene con gobiernos locales y regionales que han seguido ejecutando programas de ayuda en Cuba de acuerdo con las exigencias del sistema comunista. No cabe duda que en este ámbito hay mucho que hacer. Separar a las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, las entidades que participan activamente en proyectos de cooperación en Cuba del control ejercido por el régimen, es una tarea muy complicada en las actuales condiciones de la Isla, donde la sociedad civil es una correa de transmisión de poder del gobierno. Es este posiblemente uno de los ámbitos, al igual que el económico, en el que se debería hacer un mayor énfasis en la Posición Común, ya que aun siendo válido su contenido, poco o casi nada se ha podido avanzar desde 1996.

Al final, La Posición Común establece un mecanismo de evaluación de la política interior y exterior cubana, similar al que aplica la Unión Europea a otros países, en particular la ratificación de los convenios internacionales sobre derechos humanos. Algo en este sentido debió hacer Pérez Roque siendo ministro de Exteriores, pero los informes de los Relatores de Derechos Humanos siguen siendo negativos todos los años.

Las críticas recibidas por la Posición Común han cubierto prácticamente todo tipo de argumentos políticos y no políticos, pero la realidad es que no existe, al menos sobre el papel, una alternativa. Tan sólo aquellos que observan que la Posición Común define una estrategia que pudo servir a la Isla para avanzar en el oscuro túnel del «período especial» cuando el derrumbe de la economía socialista del Este de Europa dejó a la economía cubana sin las subvenciones que la mantenían al margen de la economía mundial, pueden tener algo de razón.

Pero los datos económicos disponibles en la actualidad muestran un escenario de la economía cubana que guarda una estrecha relación con aquel período especial, e incluso, los informes procedentes de la Isla de los periodistas independientes apuntan a que la situación, actualmente, es mucho peor. Por lo tanto, la oferta que se contiene en la Posición Común de mejora de las condiciones económicas en la Isla sigue siendo válida como referencia de la negociación.

La Posición Común fija una hoja de ruta muy clara. En la medida que el régimen avance hacia la democracia, la Unión Europea también activará su agenda a favor de la cooperación, la ayuda económica y el refuerzo del diálogo con las autoridades visualizando una negociación de acuerdos de cooperación, en la línea de los países ACP antiguas colonias europeas.

Esa claridad es lo que hace que la Posición Común continúe siendo un modelo fundamental para encauzar las relaciones de la Unión Europea con el régimen.

Su utilidad práctica reside en el hecho de que, cuando en la Isla se abra un proceso democrático continuo e irreversible, ya existirá un marco eficiente para consolidar las relaciones con la Unión Europea a futuro, sin necesidad de abordar nuevos acuerdos y negociaciones en un momento especialmente complejo en el que se acumularán las tareas y las prioridades. Ese es el significado de la Posición Común, y también la dificultad de su aplicación por la negativa del régimen a realizar cambios mínimos.

Los cubanos demócratas que asuman la responsabilidad de la transición en la Isla, tienen en la Posición Común, en su redacción de 1996, un aliado de futuro muy útil para recibir un apoyo continuo y sólido de la Unión Europea. Por ello, introducir cambios en la norma puede ser negativo, desde la perspectiva de los defensores de la democracia, y significar un inconveniente para un proceso que puede abrirse en cualquier momento en la Isla. En tales condiciones, defender la vigencia, mantenimiento y si cabe, profundización de la Posición Común en los términos planteados en este artículo, es la estrategia que considero más acertada para los 27.

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¿PUEDE CUBA HACER UNA TRANSICIÓN ECONÓMICA «A LA CHINA»?

10-05-2010.

Elías Amor Bravo

Durante este fin de semana, algún medio se ha hecho eco de la posibilidad de que en Cuba, Raúl Castro, esté planificando una transición económica “a la china”.

Basan esta idea en que, de forma muy continuada, las autoridades, a través de portavoces oficiales como Granma o Radio Rebelde, han venido aludiendo una y otra vez al fracaso del modelo socialista, con datos sobre la producción azucarera, las dificultades para acceder con los productos agrícolas en las ciudades, o la necesidad de ajustar los sueldos a la productividad, reducir el tamaño de las plantillas de la administración estatal (que es toda la economía cubana) entre los principales problemas de una economía centralizada y burocrática.

De igual modo, se han divulgado diversas noticias relativas al apoyo gubernamental a la construcción de emplazamientos turísticos nuevos, de puertos deportivos y marinas para yates privados en algunas zonas de la Isla, y hasta campos de golf de lujo, con el fin de atraer a un turismo de elevado nivel de renta, que está en el punto de mira de los gobernantes cubanos.

A pesar de ello, no observo por ningún sitio una transición económica “a la china”. Ya lo he señalado en ocasiones anteriores, ni Cuba es China, ni China es Cuba. Así se simple, así de contundente. La voluntad de las autoridades es limitada, y dudo que Raúl Castro, con su hermano en vida, y preso de las alianzas y fuerzas que mantienen intacto el régimen, sin capacidad para hacer los cambios que se necesitan hacia la democracia y la libertad, se vea capaz de impulsar reformas explícitas en el ámbito de la economía.

La economía cubana continuará lastrada en sus posibilidades de crecimiento mientras no apueste de forma decidida y clara por un cambio en el modelo organizativo y jurídico. Lo he señalado en numerosas oportunidades: mientras no se retorne a un sistema basado en el respeto a los derechos de propiedad, y al funcionamiento del mercado como mecanismo de asignación, no hay nada que hacer.

La generación de los comunistas que bajaron de Sierra Maestra con Fidel Castro la cabeza, que destruyó el capital económico y social de la Isla en el curso de los primeros años de la convulsa revolución marxista leninista, es la responsable directa de la ausencia en Cuba de cualquier tipo de estímulo a la actividad económica privada. Y, hasta en tanto no se adopten medidas para recuperar el capital de relaciones necesario para la construcción de un nuevo modelo económico, valores fundamentales como la confianza en el esfuerzo y el empeño personal, la libertad económica y el espíritu emprendedor, del que hacen gala los cubanos cuando escapan de la cárcel construida por los Castro en Cuba, va a ser muy difícil que se pueda producir un cambio “a la china” o a cualquier estilo en la Isla.

Se ha querido poner como ejemplo de organización económica eficiente al ejército cubano. Tengo mis serias dudas al respecto. Basta con observar las técnicas empresariales más propias de economía cuartelera que se utilizan en las empresas que están en manos de los militares para darse cuenta de que carecen de viabilidad en cualquier marco de competencia internacional. Un ejemplo, el perfeccionamiento empresarial. Un modelo de oferta productiva que no tiene en cuenta la base fundamental de la actividad que es el mercado y las necesidades de los consumidores.

Las empresas cubanas, en su mayoría de control estatal o militar, ni están orientadas al mercado, ni saben de estimación de necesidades, porque nunca se han preocupado por estas cuestiones, esenciales para el funcionamiento de la economía de mercado, ni son capaces de gestionar con eficiencia y eficacia los recursos que tienen a su disposición mientras la economía cubana se encuentre troceada, segmentada y sin vínculos productivos entre los distintos sectores y actividades productivas.

No voy a abordar otras cuestiones como el funcionamiento de un sistema financiero capaz de proporcionar recursos a las empresas que en Cuba es prácticamente inexistente, o las competencias en gestión empresarial y directiva, esenciales para el funcionamiento de la economía. En Cuba, están a años luz de cualquier nivel mínimo básico para abordar los cambios.

Por eso, el gran gigante asiático no puede ser un modelo para esta querida islita del Caribe, cuyo modelo económico debe ir por otros derroteros, aprovechando algunas de sus ventajas competitivas en la economía regional y mundial, abriendo espacios para el desarrollo de la actividad privada empresarial, devolviendo el capital incautado a la sociedad a sus legítimos propietarios, y creando un nuevo entorno de confianza y seguridad interior para el desarrollo de los negocios. No va a ser cuestión de un tiempo corto.

Va a requerir esfuerzos y tesón. Y sobre todo, algo que Raúl Castro nunca hará, el apoyo de la diáspora, de los millones de cubanos residentes en el exterior que poseen niveles de solvencia económica, relaciones económicas y personales, conocimientos y competencias que, en la Isla, serán necesarios para el cambio. Todo ello supondrá un modelo propio cubano de transición económica y política que está esperando un conductor eficaz y comprometido.

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