Una asociación jurídica independiente logra llevar al gobierno ante el Tribunal Supremo

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23 Ene 2011

La población cubana, incluidas las autoridades y la policía, «tiene un gran desconocimiento de la legalidad vigente en el país», dijo el abogado. La AJC organiza cursos para explicar a los ciudadanos lo establecido por la Ley de Procedimiento Penal, el Código Penal y la Constitución, «como una forma de contribuir a que el orden legal impere, porque la sociedad está totalmente convulsa», agregó.



Una asociación jurídica independiente logra llevar al gobierno ante el Tribunal Supremo

Justicia

El caso, del cual no habría precedentes, debe tener solución en 20 días.

El Tribunal Supremo realizó este viernes, a puerta cerradas, la vista oral de una demanda que no tendría precedentes y que enfrenta a una entidad fuera del control oficial, la Asociación Jurídica Cubana (AJC), con el Ministerio de Justicia.

La demanda fue interpuesta por la AJC contra el ministerio, en la persona de su titular, María Esther Reus, por la falta de respuesta administrativa a la solicitud de una certificación necesaria para la legalización de la Asociación.

El proceso comenzó en abril de 2007 (vea los documentos), cuando la AJC presentó al Registro de Asociaciones la solicitud de un certificado que estableciera si existía o no en el país una entidad con el mismo nombre y objetivo.

El requisito es un paso previo a la inscripción de la AJC en el Registro.

Después de casi un año sin respuesta, la AJC presentó nuevamente la solicitud, otra vez sin éxito. La entidad independiente decidió entonces llevar el caso ante el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, que falló contra la Asociación, alegando supuestos «errores de procedimiento».

Tras la vista oral de este viernes, el Tribunal Supremo tiene 20 días para comunicar su dictamen.

El abogado Wilfredo Vallín, presidente de la AJC, dijo a DIARIO DE CUBA, que sólo él pudo asistir a la vista. Las autoridades impidieron el acceso a la sala del resto de las personas interesadas en el caso que acudieron a la sede del Tribunal, entre ellas las blogueras Claudia Cadelo y Yoani Sánchez, según confirmó esta última en su Twitter.

«Todo transcurrió en un ambiente tranquilo», dijo Vallín, aunque «nos llamó la atención que suspendieran todas las otras vistas que había para hoy y que no dejaran entrar absolutamente a nadie», añadió.

Vallín dijo sobre el proceso que, «conforme a la ley», la AJC dio «los pasos pertinentes ante el silencio administrativo».

«Llegamos al Tribunal Provincial y luego al Tribunal Supremo, dado que el fallo del Tribunal Provincial, a nuestro juicio, no se corresponde a derecho», explicó el abogado.

«Demandamos del Tribunal Supremo que fallara conforme a la ley», indicó. Por su parte, «la representante de la ministra de Justicia ratificó lo dicho por el Tribunal Provincial, y pidió al Supremo que fallara de igual manera»; es decir, que dictamine que «por supuestos errores de procedimientos de la Asociación, no hay lugar a que se emita una resolución obligando al Registro a darnos el certificado que pedimos».

«Conforme a la Constitución de la República, cuando una persona acude al Registro de Asociaciones solicitando ese tipo de información debe tener una respuesta (…) en el tiempo establecido», afirmó Vallín.

«Cuando el Registro de Asociaciones da la callada por respuesta, en nuestro caso en dos oportunidades, sencillamente está violando la ley y la Constitución», añadió.

Fines de la Asociación

Vallín explicó a DIARIO DE CUBA que entre los fines de la Asociación Jurídica —que fueron expuestos a la ministra Reus en una carta e incluidos en la demanda presentada ante el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana— está «contribuir a la educación jurídica de la población».

La población cubana, incluidas las autoridades y la policía, «tiene un gran desconocimiento de la legalidad vigente en el país», dijo el abogado. La AJC organiza cursos para explicar a los ciudadanos lo establecido por la Ley de Procedimiento Penal, el Código Penal y la Constitución, «como una forma de contribuir a que el orden legal impere, porque la sociedad está totalmente convulsa», agregó.

Asimismo, la AJC busca divulgar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos Sociales y Culturales, firmados por el gobierno cubano en la ONU en 2008, pero aún sin publicar en la Isla.

«Creemos que los cubanos tienen derecho a conocer un pacto de derechos humanos de la ONU que el gobierno cubano firmó y que se supone debería tener intención de ratificar», dijo Vallín.

De acuerdo con el presidente de la AJC, el otro objetivo de la entidad es atender «casos puntuales, de personas que tienen problemas y acuden a la Asociación».

La entidad «les ayuda desde el punto de vista legal, se les asesora en lo que tienen que hacer. No aceptamos a todo el mundo, sino a aquellos casos que nos parece que tienen violaciones de la legalidad por parte de las autoridades, en los que se ha vulnerado el derecho del ciudadano», dijo el abogado.

«No se trata de crear conflicto, sino de que los derechos del ciudadano sean respetados», aclaró.

Vallín dijo que la Asociación no ha tenido problemas en esta actividad de «atención de casos puntuales». Quienes han pedido su ayuda «no han sido molestados».

«Donde sí hemos tenido problemas es en los cursos que hemos preparado para la sociedad civil» sobre las leyes vigentes en la Isla. «En ocasiones, hemos empezado a dar un seminario y, a los pocos días, las autoridades, la policía política, lo interrumpen sin dar jamás razones legales, sólo dicen que cumplen órdenes», señaló el abogado.

Tomado de: Diario de Cuba. Enero 21 de 2011

2 Comentarios para Una asociación jurídica independiente logra llevar al gobierno ante el Tribunal Supremo

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Jose Vilasuso Rivero

enero 24th, 2011 at 5:10 pm

Buen exponente de la labor callada, pero efectiva de los verdaderos amantes de la ley y la justicia. Tal la fórmula para legalizar los derechos ciudadanos, hacer las cosas conforme a derecho poniendo al gobierno contra la pared. En otras palabras, tomar la iniciativa y en adelante, sean ellos los que se vean obligados a imponerse por la fuerza o admitir la verdad reveladora. Esa es la política correcta a seguir en Cuba.
Punto y aparte enseñar al ciudadano sus derechos frente a la omnipotencia del estado es requisito indispensable para superar el paternalismo padecido durante más de medio siglo.

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Jose Vilasuso Rivero

enero 24th, 2011 at 5:13 pm

Los cuerpos represivos no pueden dar razones para impedir que se les enseñe al pueblo sus derechos, simplemente porque no las hay. punto; así actúan las dictaduras.

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Acerca de este Blog

Pedro Pablo Álvarez Ramos es ex-preso de conciencia de la Primavera Negra de 2003, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC) y miembro del grupo gestor "Proyecto Varela".

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