Una asociación jurídica independiente logra llevar al gobierno ante el Tribunal Supremo

La demanda fue interpuesta por la AJC contra el ministerio, en la persona de su titular, María Esther Reus, por la falta de respuesta administrativa a la solicitud de una certificación necesaria para la legalización de la Asociación.

El proceso comenzó en abril de 2007 (vea los documentos), cuando la AJC presentó al Registro de Asociaciones la solicitud de un certificado que estableciera si existía o no en el país una entidad con el mismo nombre y objetivo.

El requisito es un paso previo a la inscripción de la AJC en el Registro.

El abogado Wilfredo Vallín, presidente de la AJC, dijo a DIARIO DE CUBA, que sólo él pudo asistir a la vista. Las autoridades impidieron el acceso a la sala del resto de las personas interesadas en el caso que acudieron a la sede del Tribunal, entre ellas las blogueras Claudia Cadelo y Yoani Sánchez, según confirmó esta última en su Twitter.

«Todo transcurrió en un ambiente tranquilo», dijo Vallín, aunque «nos llamó la atención que suspendieran todas las otras vistas que había para hoy y que no dejaran entrar absolutamente a nadie», añadió.

«Demandamos del Tribunal Supremo que fallara conforme a la ley», indicó. Por su parte, «la representante de la ministra de Justicia ratificó lo dicho por el Tribunal Provincial, y pidió al Supremo que fallara de igual manera»; es decir, que dictamine que «por supuestos errores de procedimientos de la Asociación, no hay lugar a que se emita una resolución obligando al Registro a darnos el certificado que pedimos».

«Conforme a la Constitución de la República, cuando una persona acude al Registro de Asociaciones solicitando ese tipo de información debe tener una respuesta (…) en el tiempo establecido», afirmó Vallín.

«Cuando el Registro de Asociaciones da la callada por respuesta, en nuestro caso en dos oportunidades, sencillamente está violando la ley y la Constitución», añadió.

Fines de la Asociación

Vallín explicó a DIARIO DE CUBA que entre los fines de la Asociación Jurídica —que fueron expuestos a la ministra Reus en una carta e incluidos en la demanda presentada ante el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana— está «contribuir a la educación jurídica de la población».

La población cubana, incluidas las autoridades y la policía, «tiene un gran desconocimiento de la legalidad vigente en el país», dijo el abogado. La AJC organiza cursos para explicar a los ciudadanos lo establecido por la Ley de Procedimiento Penal, el Código Penal y la Constitución, «como una forma de contribuir a que el orden legal impere, porque la sociedad está totalmente convulsa», agregó.

Asimismo, la AJC busca divulgar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos Sociales y Culturales, firmados por el gobierno cubano en la ONU en 2008, pero aún sin publicar en la Isla.

«Creemos que los cubanos tienen derecho a conocer un pacto de derechos humanos de la ONU que el gobierno cubano firmó y que se supone debería tener intención de ratificar», dijo Vallín.

De acuerdo con el presidente de la AJC, el otro objetivo de la entidad es atender «casos puntuales, de personas que tienen problemas y acuden a la Asociación».

Vallín dijo que la Asociación no ha tenido problemas en esta actividad de «atención de casos puntuales». Quienes han pedido su ayuda «no han sido molestados».