¿Qué es el socialismo actualizado? y Contradicciones, ausencias y limitaciones

Quien haya leído los Lineamientos de la política económica y social, el documento a debatir en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en abril del próximo año, habrá notado la escasa, por no decir nula, innovación institucional que propone el mismo. Para tratarse de un congreso postergado durante ocho años y que intenta afrontar la prolongada crisis económica y política de Cuba, la «actualización del socialismo» que impulsa el Gobierno de Raúl Castro procede con una cautela reveladora de la falta de consenso dentro de las élites habaneras. No es en las instituciones sino en el lenguaje donde habría que encontrar los pocos avances que puede experimentar la política cubana a partir de la próxima primavera.

De acuerdo con las reformas a los artículos 3º, 11º y 137º de la Constitución cubana, en el verano de 2002, el socialismo en la isla es «irrevocable». Esas reformas, como es sabido, fueron introducidas en respuesta al Proyecto Varela, impulsado por el Movimiento Cristiano de Liberación, la organización opositora que encabeza Oswaldo Payá y que proponía una iniciativa de ley, respaldada por más de 11.000 ciudadanos, que condujera a una ampliación de las libertades públicas en la isla. El Proyecto Varela no demandaba la «revocación» del socialismo o la restauración capitalista, pero la respuesta del régimen al mismo fue que «Cuba no volvería jamás al capitalismo».

Tan solo este episodio describe la ambigüedad semántica con que el Gobierno cubano ha manejado, históricamente, conceptos centrales de su ideología como «revolución» o «socialismo». Dado que en ningún documento del Partido Comunista de Cuba o artículo de la Constitución de 1976, reformada en 1992 y 2002, se establece qué es el socialismo, la irrevocabilidad del mismo se vuelve también ambigua y, por tanto, aprovechable en un escenario de permanencia y cambio. Pero la ausencia de una definición explícita del socialismo genera una automática identificación del mismo con la estructura ideológica e institucional del régimen. Los tres elementos centrales de dicha estructura son el partido único, la ideología «marxista-leninista y martiana» y la economía de Estado.

Por su tono pragmático y su escasa densidad ideológica, los Lineamientos, título verticalísimo donde los haya, podrían abrir la puerta a una redefinición más explícita del concepto de socialismo en Cuba, al menos, en el tercer elemento. Digo podrían, porque este documento tampoco abandona esa tradicional opacidad conceptual de los líderes cubanos, que les ha permitido crear un aparato de legitimación simbólica sumamente

eficaz. Al cabo de medio siglo, esos viejos políticos saben que, para preservar el poder, es mejor que los significantes estén vacíos, ya que una ideología refinada puede convertirse en un arma de doble filo.

Esa mínima fisura, por donde podría avanzar una reformulación ideológica, aparece en la propia retórica del documento -menos manipuladora y demagógica-, en el énfasis en la dependencia de la economía cubana del exterior capitalista -comercio, inversiones, créditos, turismo, tecnología…-, en el «reconocimiento y estímulo» a las formas no estatales de propiedad -empresas mixtas, cooperativas, usufructos, trabajo por cuenta propia y «otras» no definidas aún-, en la insistencia con que se plantea la eliminación o reducción de subsidios estatales y, sobre todo, en la propuesta de una política fiscal y de precios no concebida para limitar al sector no estatal sino para fomentarlo.

Desde mediados de los años noventa, las tímidas aperturas al mercado de la economía cubana se han dado acompañadas de un constante boicoteo del poder político, basado en presiones tributarias, restricciones jurídicas y confiscaciones arbitrarias. Esa competencia desleal del Estado se ha manifestado, también, en el lenguaje político de los máximos líderes, empezando por el propio Fidel Castro. Los Lineamientos, que no solo son un gesto a la comunidad internacional sino un documento interno del Partido Comunista, abordan el tema del mercado en la economía cubana con una naturalidad hasta ahora inédita, aunque acote que «en la actualización del modelo económico debe primar la planificación».

Hay también otras modulaciones retóricas que vale la pena comentar, sin convertir la hermenéutica de las mismas en una hoja de ruta para la transición. El pasaje más ideológico del texto dice, apenas, que «solo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución». Pero a renglón seguido hace algo que ningún otro texto oficial había hecho: definir el socialismo. Socialismo, dice, «es igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo». Es cierto que el artículo primero constitucional afirma que Cuba es un «Estado socialista organizado… para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad», pero esta definición atribuye el contenido del socialismo a los fines del Estado y no a los derechos de la ciudadanía.

La nueva definición del socialismo cubano -igualdad de derechos y oportunidades- es idéntica a la definición de cualquier economía de mercado, Estado de derecho o democracia política del mundo. No hay aquí el menor intento de distinguir el «modelo cubano» dentro de la comunidad internacional ni de remitir su singularidad a la experiencia histórica de la isla. Así definido, el socialismo sería un sistema globalizado en el que la «separación de funciones estatales y empresariales» o la mayor autonomía de estas últimas responden a la incorporación en la isla de la racionalidad del capitalismo mundial.

Algunos analistas han vuelto a insistir en que los Lineamientos denotan la aproximación de Cuba al modelo chino o al «socialismo del siglo XXI» latinoamericano. Habría que recordar, una vez más, que el mismo no se abre al pluralismo político ni a la pequeña y mediana empresa privadas, aunque la forma en que este límite se manifiesta es, también, mucho más discreta que en toda la tradición del discurso oficial. No es la propiedad privada o la contratación de trabajadores lo que se proscribe, sino la «concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales». De manera que los Lineamientos, concebidos oficialmente como plataforma de permanencia, pueden ser utilizados por opositores y reformistas para presionar a favor del cambio.

Contradicciones, ausencias y limitaciones

La convocatoria al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba demuestra que el inmovilismo retrocede. Su lugar es ocupado por un nuevo escenario caracterizado porque el sujeto que encabeza los cambios es el mismo que tiene el poder hace más de medio siglo. Al ser pasado y presente, el gobierno cubano, aunque trate de disimularlo, carga con la responsabilidad de lo bueno y lo malo ocurrido en ese medio siglo, lo que le impide enfrentar los problemas actuales como pudieron hacerlo cuando asumieron el poder en 1959. Esa característica es vital para comprender el por qué del carácter limitado, sinuoso y contradictorio de las actuales reformas.

Sin alcanzar los propósitos trazados en el congreso anterior y violados los estatutos que norman su celebración cada cinco años, el próximo evento tendrá lugar en un contexto en que el modelo vigente —inviable por su propia naturaleza— se agotó definitivamente, como lo evidencia el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social que se discutirá en el máximo cónclave partidista el venidero mes de abril.

El Proyecto contiene aspectos que, comparados con lo que hasta ahora existe, podrían resultar positivos. Reconoce la necesidad de la descentralización de un modelo altamente centralizado; plantea darle mayor autonomía a las empresas sobre el control de los recursos materiales y financieros que manejan; basa el control de la gestión empresarial principalmente en mecanismos económico-financieros; brinda independencia para la aprobación de sus plantillas de cargos; suspende la intervención de los Consejos de la Administración provinciales y municipales en la gestión empresarial; plantea prestar servicios bancarios, incluyendo el otorgamiento de créditos al sector de la economía no estatal; y recomienda fórmulas flexibles para la permuta, compra, venta y arriendo de viviendas, entre otras cosas. Al mismo tiempo, el documento está cargado de contradicciones, ausencias y limitaciones que impedirán la obtención de resultados satisfactorios, como son los siguientes:

1- La alternancia en el poder, además de un síntoma de salud política, constituye una exigencia del desarrollo, pues los cambios sociales siempre requieren de actores con nuevos enfoques. Ese hecho resulta determinante para cualquier análisis del presente y el futuro de Cuba, pues los cambios que la sociedad demanda implican la negación de lo que ahora existe, lo que significa negarse a sí mismo. Para eso, se necesita una dosis demasiado alta de voluntad política. Si a ello se unen los intereses contraídos, es evidente que la no circulación del poder político constituye un mecanismo de freno.

2- El reconocimiento de la existencia de «baja eficiencia, descapitalización de la base productiva y la infraestructura, envejecimiento y estancamiento en el crecimiento poblacional». Así, la aceptación de que los experimentos más recientes —la sustitución de comedores y transportes obreros por otras modalidades y los arrendamiento de barberías, peluquerías y taxis a empleados— han sido insuficientes, se contradice al insistir en que la política económica en la nueva etapa se corresponderá con el principio de que «sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución», que «el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional y que ‘primará la planificación y no el mercado'». Si los fracasos y la crisis actual se produjeron con el actual modelo socialista, plantearse que sólo con él se podrán vencer las dificultades, es lo mismo que anunciar por adelantado su fracaso. El descalabro actual obliga a reconocer que el modelo fue mal aplicado o, en su lugar, que no servía. El primer caso implica la responsabilidad de los que lo aplicaron; el segundo, la necesidad de su sustitución. En ambos saltan a la vista los errores del gobierno anterior, que es el mismo de ahora.

3- La negativa a reconocer el papel que le corresponde a la propiedad privada constituye uno de los más grandes obstáculos para la eficiencia económica. Durante muchos años se intentó solucionar ese problema por todas las vías, menos por la reforma de la propiedad. En ese esfuerzo llegamos a tener más técnicos, tractores, riego y fertilizantes por hectárea que el resto de los países, sin hablar de los llamamientos a la conciencia y las campañas ideológicas. A pesar de ello, la productividad alcanzada fue inferior. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de la función social de la propiedad es atribuible a todas sus formas, incluyendo la privada, y ese reconocimiento implica el derecho de los cubanos a ser propietarios y empresarios. Sin embargo, los Lineamientos plantean que no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales. Esa conducta constituye una camisa de fuerza que mantiene la economía sometida a la ideología, y por tanto condenada a la ineficiencia.

4- La decisión de «actualizar el modelo» como otras decisiones que afectan a todos los cubanos, se han tomado por la élite del poder sin participación ciudadana, pues la inexistencia de libertades y derechos que lo permitan, impide cualquier resultado positivo. Desde la libertad de expresión —requisito para el debate— hasta el acceso libre a internet, pasando por las libertades de reunión, asociación y movimiento, constituyen una condición insoslayable del desarrollo moderno, pues sin ellos, en la era de la información, es impensable cualquier resultado positivo. En nuestro caso, además, significa un desperdicio injustificable contar con un pueblo de alta instrucción y negarle esos derechos inalienables. En fin, que el cubano no es tratado como un fin, sino como un medio para conservar un modelo ineficiente y agotado, donde el hombre es un ente subordinado al Estado y por tanto contrario a la dignidad humana. Así, el tema de los derechos humanos, por el que pasa cualquier tentativa de mejorar la situación en Cuba, constituye la principal carencia del Proyecto de Lineamientos.

5- La ausencia del carácter integral de los cambios ante una crisis estructural que afecta todas las esferas sociales y a cada uno de sus componentes es otra de las limitaciones del Proyecto de Lineamientos. Los problemas que en un tiempo podían limitarse a la economía abarcan hoy la esfera espiritual. El tiempo en que se podían introducir cambios parciales en una u otra esfera se agotó, y el de los cambios integrales está también a punto de agotarse, lo que demuestra una ignorancia total del papel del tiempo en los procesos sociales.

6- Los Lineamientos plantean «buscar alternativas de fuentes de financiamiento para detener el proceso de descapitalización de la industria y la infraestructura productiva del país». Sin embargo, esa posibilidad se niega a los cubanos, cuyos familiares en el exterior constituyen una fuente de recursos nada despreciable. En su lugar se plantea, de forma excluyente, «continuar propiciando la participación del capital extranjero». De tal manera se pretende mantener el modelo socialista con la ayuda de las finanzas capitalistas, es decir, necesitamos el capitalismo para salvar el «socialismo» sin la participación del cubano como sujeto.