Niños rehenes

Ninos jugando en la Habana

Por: Alejandro Armengol. El Nuevo Herald, abril 5 de 2011

La emigración de los médicos cubanos ha sido por décadas un tema recurrente en el conflicto entre Washington y La Habana. El gobierno cubano niega o demora por años la salida de los facultativos, y si desertan en terceros países, retiene a sus familiares.

Cerca de 1,600 profesionales médicos y técnicos de salud cubanos se han exiliado en Estados Unidos a partir del 2006, informó meses atrás el Wall Street Journal.

De acuerdo al Journal, 800 profesionales utilizaron a Venezuela como el primer país de enlace; luego Colombia con 300. De igual modo, 135 huyeron por Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Namibia y Perú, con destino a EEUU. Para concretar las deserciones, un total de 1,574 visas fueron emitidas desde consulados estadounidenses en 65 países.

Si el gobierno cubano tiene 37,041 médicos y trabajadores de la salud en 77 países, según el Journal, eso significa que el 4.3 por ciento de ese personal médico ha desertado.

Algunos cambios en la política migratoria hacia Cuba, introducidos por el gobierno de George W. Bush, tuvieron un carácter marcadamente político. Sirvieron para aumentar la tensión entre ambos países, sin mejorar la situación en la isla ni beneficiar de forma amplia a los cubanos que tratan de emigrar.

Entre ellos, el más controversial fue el otorgar un parole a cualquier médico que se encuentra en una misión gubernamental en un tercer país y tome la decisión de desertar, así como el dar visado a los familiares del profesional.

En una «reflexión» del 17 de julio del 2007, titulada El robo de cerebros, Fidel Castro comentó: «Entre 1959 y el 2004 se graduaron en Cuba 805,903 profesionales, incluyendo médicos. La injusta política de Estados Unidos contra nuestro país nos ha privado del 5.16 por ciento de los profesionales graduados por la revolución». Esto significa que unos 156,182 profesionales abandonaron Cuba.

Podría pensarse que el régimen de La Habana ha establecido mecanismos de control más estrictos, que dificultan la salida de los facultativos, pero en general el plan de las misiones médicas cubanas adolece de los mismos problemas de corrupción que otros modelos cubanos de cooperación o búsqueda de divisas.

Al final todo parece estar más cerca de otra versión de Casablanca: sobornos, la libertad puesta a precio, e irregularidades propias de un ambiente de guerra fría.

No se trata, sin embargo, de una disputa que se resuelve moviendo tanques y aviones, con declaraciones más o menos amenazadoras o mediante pactos estratégicos. Es un drama humano.

Dos médicos cubanos me mandaron hace pocos días un email en que plantean su caso. No tengo más que un mensaje electrónico, que me han autorizado a divulgar, para fundamentar esta denuncia. No necesito más porque no se trata de un caso único. Podemos hoy tomarlo de ejemplo a lo que sucede a otros muchos.

Uno puede estar o no de acuerdo con el entrejuego político que ha provocado estas situaciones y argumentar sobre las decisiones tomadas por los protagonistas de la historia. Lo que me es muy difícil es admitir que, en este caso, alguien se coloque de parte de los verdugos. No estamos en la Edad Media, el gobierno cubano tiene un concepto feudal en muchas de sus decisiones, tanto en su concepción del tiempo como en los recursos a que echa mano en muchas de sus disputas. Pero utilizar a niños como rehenes es inadmisible.

Antonio Velázquez de la Cruz es cirujano general y su esposa, Leonela Pérez Osoria, realizaba una residencia en cirugía plástica y es especialista en medicina interna y general. Ambos partieron en una misión médica a Venezuela en el 2003 y decidieron abandonar ésta en el 2007. Luego de tres meses de permanencia en Colombia lograron llegar a Estados Unidos, donde se le otorgó asilo y visa para su único hijo, Antonio de Jesús, de tres años de edad.

La primera acción del gobierno cubano, según cuentan estos especialistas, fue expulsar el niño del Círculo Infantil a los tres días de conocerse la noticia. A partir de entonces se ha impedido la salida de la isla del niño.

Uno de los aspectos más patéticos de esta situación es que los padres se quejan de que, en su caso, el gobierno cubano se ha excedido en el plazo que suele tomar el castigo a los familiares de los médicos que abandonan una misión en el extranjero.

En el caso de «los otros padres que hemos conocido con situaciones similares, le entregaron sus hijos a los tres años. En el caso nuestro ya excede ese tiempo. Mi familia ha tocado todas las puertas en Las Tunas y La Habana, y hasta el Consejo de Estado, con documentación médica y certificados de psiquiatra y psicólogos donde se plasman las alteraciones emocionales y psicológicas que presenta el niño, pero la respuesta es que no lo van a liberar hasta que ellos se acuerden de que los padres son `médicos desertores’ », escribe Velázquez de la Cruz.

«El cabecilla encargado de dar estas respuestas es el tte. coronel Abel Marrero Caballero, jefe de Inmigración y Extranjería en la provincia de las Tunas, el cual amenazó a mi suegra delante del niño de mandarlo a un orfanato (tengo el video de lo que lloró mi hijito cuando llegó a la casa)», agrega Velázquez de la Cruz.

Hay una actitud malvada y zafia, por parte del gobierno cubano, en el tratamiento de todos estos casos. Repudiar el abuso a niños indefensos va más allá de cualquier actitud política o vocación ideológica. Es repudiar una conducta cruel y exigir que termine.