Lanzan campaña a favor de abolir la pena de muerte

«La iniciativa responde a darle un seguimiento de demandas en el área de todo lo que son los derechos humanos. Ya es hora de que la pena de muerte en Cuba se elimine», dijo Marcelino Miyares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC-Cuba), con sede en Miami.

La campaña, impulsada por el PDC-Cuba, es respaldada por ex prisioneros de conciencia del llamado Grupo de los 75 y organizaciones como Convivencia Cuba, de Pinar del Río, y el habanero Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos. También cuenta con el apoyo de la Federación Española de Asociaciones Cubanas y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ambos en Madrid.

En un comunicado, los promotores subrayaron no sólo la necesidad de impulsar una reflexión sobre el tema sino garantizar el derecho a la vida humana.

«Eliminar la pena capital del Código Penal Cubano aportaría seguridad en el proceso de transición hacia la democracia, garantizando que dicha sanción no sea utilizada como venganza o como método para la eliminación del adversario», agregó el comunicado.

La campaña recuerda que la pena capital sigue vigente en el Código Penal cubano «y que, si en la actualidad el régimen mantiene una moratoria en su aplicación, se debe a conveniencias tácticas y no a un cuestionamiento sobre la naturaleza moral de la misma».

También descartó que este tipo de condena contribuya a garantizar una paz social, que puede ser plenamente alcanzada con la restitución del Estado de Derecho y el compromiso ciudadano, una legislación adecuada y los pactos sociales que emanan de la democracia.

En Madrid, el opositor Yaxys Cires declaró que este es el momento de lanzar nuevos desafíos al gobierno cubano tras la reciente liberación de un grupo de presos de conciencia.

«Frente a un eventual proceso de transición en Cuba habrá que dar cierta seguridad a aquellas personas que quieran cambiar», añadió Cires a El Nuevo Herald. «Y habrá también que garantizarle a la sociedad civil que no tendremos un proceso guiado por venganza, sino por justicia».

La pena de muerte en Cuba fue aplicada por última vez en el 2003, cuando fueron ejecutados tres cubanos que intentaron secuestrar una lancha en La Habana para venir a EEUU.

Eduardo Meza, periodista independiente y fundador del portal Lacasacuba.com , comentó que la pena de muerte es un arma que no contribuye a la reconciliación del pueblo.

«En la medida en que los cubanos seamos capaces de denunciar la pena de muerte como figura política, creo que estaremos dando un empujón hacia la democratización de la isla», acotó Meza.

By JUAN CARLOS CHAVEZ

Miguel Saludes. Diciembre 10 de 2010

VARSOVIA, Polonia, diciembre, www.cubanet.org -“La abolición de la pena de muerte en Cuba, ahora, mañana y siempre puede ser nuestro primer compromiso como nación. Un compromiso que asumido por los cubanos de la Isla y el Exilio exija al gobierno cubano su inmediata abolición y estimule la transición hacia una democracia auténtica.”

El párrafo anterior, uno de los primeros que encabezan la Plataforma por la abolición de la pena de muerte en Cuba, encierra la esencia de la propuesta que el Partido Demócrata Cristiano de Cuba ha lanzado desde el exilio y que ha sido dada a conocer en la significativa fecha del 10 de diciembre. El título que da nombre a esta idea termina con tres palabras: ahora, mañana y siempre puede parecer un añadido innecesario que hace más prolongado el título del mensaje. Pero su inclusión está más que justificada.

Hace unos días el Tribunal Supremo de la República de Cuba conmutó las penas de muerte que pendían sobre dos extranjeros  acusados de actos de terrorismo. Ernesto Cruz León y Otto Rodríguez Llerena, ambos de origen salvadoreño, fueron encontrados culpables de varios atentados, uno de los cuales costó la vida a un empresario italiano. Tras casi doce años viviendo en el limbo de la espera mortal, se produjo este acto condonatorio donde la pena máxima se sustituyó por la de treinta años. El acto de generosidad de la justicia revolucionaria se debió, según comunicado especial, al arrepentimiento expreso de los reos y a su colaboración durante los procesos sumarios.

Desgraciadamente no ha sido el mismo caso para otros condenados por causas menos graves, que sin embargo recibieron la sentencia máxima y su ejecución casi de inmediato. Sin entrar a analizar cada situación, donde la mayoría de ellos eran cubanos enfrentados a procesos de dudosa imparcialidad y sin la debida transparencia, con defensas que en muchos casos hacían un triste papel en favor de sus defendidos, si hay algo que debe cambiar en este contexto es precisamente la existencia de la pena de muerte.

El ahora de ese imperativo remarcado con énfasis resulta importante porque quien tiene en sus manos el poder de decisión sobre la vida de sus ciudadanos puede utilizar el mecanismo como un arma aniquiladora contra sus opositores, teniendo la potestad de conceder el perdón como una gracia divina. El mañana es de suma importancia porque un cambio hacia la democracia en Cuba conllevaría por obligación a una capacidad de indulgencia y reconciliación donde no puede quedar espacio para la venganza. El siempre garantiza que no vuelva a ocurrir nuevamente que por el capricho de un gobernante o por el ánimo de las turbas manipuladas en sus sentimientos, se quite la vida a personas que ni siquiera han podido defenderse o cuya culpabilidad forma parte del juego político de un sistema.

Como bien dice el llamamiento sobre la abolición de la pena de muerte, ni el crimen puede pagar con una vida la de otra, u otras muchas, ni siempre se puede garantizar que la justicia disponga de la posibilidad de demostrar todas las evidencias del culpable. Inocentes han sido hallados varios condenados cuando ya no había tiempo para redimirlos, en países donde impera la democracia y el sistema de leyes independientes del estado. Qué puede decirse de los régimenes donde el poder totalitario tiene la palabra sobre la justicia y el perdón.

Es por eso que en el mundo libre la pena de muerte tiende a desaparecer de las legislaciones o a estar supeditada a moratorias que imposibilitan, de hecho, la aplicación de la misma. Además de la defensa de la vida humana, existen diversas razones que han motivado estos importantes avances.

Una asignatura pendiente

Yoel Prado. Diciembre 10 de 2010

La abolición de la pena de muerte en Cuba sería un paso fundamental en la reconstrucción de la nación.

Pretender que el régimen cubano se democratice del día a la noche es pedir peras al olmo. ¿Por qué habría de hacerlo, si no existe ninguna fuerza lo suficientemente poderosa que lo obligue —llámese oposición, exilio o comunidad internacional—, y sus fundadores aún controlan el poder? Algo más realista al alcance de las fuerzas democráticas sería ir sentando las bases de esa futura sociedad a la que aspiramos. Y una forma es fomentar el respeto de los derechos humanos e intentar suprimir algunos de los puntos de apoyo del totalitarismo.

Entre esos pilares se encuentra la violencia política, que descansa a su vez en instrumentos como la pena de muerte. En los últimos 50 años, Fidel Castro echó mano de la pena capital como instrumento de opresión. El secretismo oficial impide que conozcamos las verdaderas estadísticas, pero organizaciones independientes dignas de crédito estiman entre 5.000 y 6.000 la cantidad de personas ejecutadas en la Isla desde 1959, en su mayoría por los llamados delitos contra el Estado u otros de cariz político.

En esta ominosa lista no sólo entran los funcionarios y militares del ancien régime fusilados al triunfo de la Revolución, sino también los alzados en las montañas del Escambray, los rivales políticos potencialmente peligrosos que fueron apareciendo en el camino de los Castro, y un sinnúmero de personas cuyas motivaciones iban desde cambiar el gobierno hasta abandonar el país usando la violencia.

Borrar la pena de muerte de la legislación cubana sería, pues, un acto de justicia histórica y una contribución sustancial al progreso de la nación. La Cuba democrática del mañana no debe nacer con el pecado de las ejecuciones por motivos políticos. Lograr que los cubanos demócratas aceptaran la idea de su abolición sería un primer paso, y debería estar en la agenda de todos aquellos que luchan por el respeto de los derechos humanos.

Hay que admitir que la pena de muerte ha estado presente en la historia durante miles de años. Sistemas de justicia tan antiguos como el Código de Hammurabi, la Torá judía o las leyes recopiladas y publicadas por Dracón en la antigua Atenas, establecieron la pena de muerte como castigo para algunos delitos. Lo mismo ocurrió en el Medioevo, cuando se empleó de forma generalizada.

La época de las revoluciones, y sobre todo el tempestuoso siglo XX, hicieron de ella un fenómeno común. Los regímenes fascistas y comunistas fueron especialmente manisueltos en su aplicación, utilizándola como método de represión política. Lo mismo a través de la guillotina, la horca, el paredón de fusilamiento, la cámara de gas, la silla eléctrica o la inyección letal, la pena capital ha marcado la historia reciente del hombre. Y aunque desde tiempos remotos hubo voces que se alzaron contra ella, lo cierto es que sólo tras la Segunda Guerra Mundial se ha articulado una clara tendencia hacia su abolición.

Defensores y abolicionistas

El debate entre naciones «retencionistas» —las que prefieren mantener la pena de muerte— y «abolicionistas» —aquellas que ya la han erradicado— sigue vigente en nuestros días. Un dato alentador es que casi todos los países de Europa, Latinoamérica y Oceanía la han suprimido, junto a numerosas naciones de África y Asia.

Los defensores de mantenerla alegan varias razones, entre ellas la justicia, la utilidad social, el ejercicio de la legítima defensa, el miedo a la fuga o a la reincidencia, y el alto costo económico del encarcelamiento en lugar de la ejecución. Sin embargo, quienes luchan por su abolición han desmenuzado y refutado laboriosamente cada uno de estos argumentos.

Más allá del debate legal, desde un punto de vista cristiano, la pena de muerte entra en abierta contradicción con el mandamiento divino de «no matarás» y con la prédica de Jesús sobre el amor al prójimo y el perdón. Desde una perspectiva católica, está claro que hubo épocas en las que la Iglesia aceptó y justificó abiertamente las ejecuciones — ¿cómo olvidar la postura al respecto del teólogo Santo Tomás de Aquino?—, pero la visión del catolicismo ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas.

Juan Pablo II puso las cosas en su sitio con la encíclica Evangelium Vitae (Evangelio de la Vida), donde expresó que «la vida humana tiene un carácter sagrado e inviolable, en el que se refleja la inviolabilidad misma del Creador. Precisamente por esto, Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento ‘no matarás’, que está en la base de la convivencia social». Y añadía el difunto Papa: «En este horizonte se sitúa también el problema de la pena de muerte, respecto a la cual hay, tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, una tendencia progresiva a pedir una aplicación muy limitada e, incluso, su total abolición».

Además del imperativo religioso, la «justicia» que se hace al aplicar la pena de muerte es bastante cuestionable. Tan dudosa como su supuesta «utilidad social», pues los delitos siguen existiendo en aquellos países donde se aplica sin restricciones la pena máxima. Ni hablar de los errores judiciales cometidos, ni de las veces que se ha castigado con la ejecución a personas inocentes. En cuanto a la «conveniencia económica» de este castigo, habría que oponer dos argumentos: la vida humana es demasiado valiosa como para reducirla a un frío cálculo monetario y, además, varios estudios revelan que la pena de muerte no es tan rentable como cierta gente quiere hacernos creer.

Cuba, pena de muerte y tradición

En el caso de Cuba, hay un detalle histórico que se suma a este elenco de razones para abolir la pena de muerte: nuestra propia tradición.

Durante las primeras décadas de la República, la pena máxima sólo se aplicó en casos excepcionales. La admirable Constitución de 1940 fue mucho más lejos y planteó de forma diáfana en su Artículo 25: «No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera». Lástima que la Revolución de 1959 haya destrozado este andamiaje jurídico y convirtiera las ejecuciones en una práctica común.

Sin embargo, el mundo ha cambiado de manera vertiginosa. La pena de muerte va siendo cada vez más anacrónica y a Cuba le sentaría bien incorporarse al creciente número de países que la han borrado de sus códigos penales. A estas alturas, no es suficiente una simple moratoria en su aplicación: urge la abolición definitiva.

El régimen de La Habana, siempre tan hábil y mimético, ha dado señales de que este asunto no le es ajeno y hasta podría reconsiderar viejas posturas.