El Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) no abordaba en lo absoluto el tema de la corrupción, asunto que tiene una gran relevancia en el país desde todos los ángulos, quizás evitando tener que reconocer la gravedad del fenómeno.
La corrupción ha contaminado a toda la sociedad cubana
Ex preso de conciencia causa de los 75
Periodista y Economista Independiente
Abril 20 de 2011
El Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) no abordaba en lo absoluto el tema de la corrupción, asunto que tiene una gran relevancia en el país desde todos los ángulos, quizás evitando tener que reconocer la gravedad del fenómeno.
Sin embargo, en la reunión ampliada del Consejo de Ministros del 27 de febrero, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, hizo una referencia al asunto cuando se planteó el Proyecto de Normas de Control Interno contra el delito y la corrupción, y en la más reciente reunión de ese órgano, el 25 de marzo, se trató directamente la situación de las tendencias de indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, aunque con el apellido de “administrativas”.
Es evidente, y así lo demuestran las constantes destituciones de dirigentes y cuadros a lo largo del país, que el fenómeno crece incuestionablemente y que cada vez más, los máximos niveles del régimen se ven obligados a prestarle mayor atención.
Con respecto al asunto hay una posición ambivalente del régimen. Reconoce que es importante, pero no quiere darle excesiva relevancia; aprecia que ha penetrado a todos los niveles de la sociedad, pero sólo quiere reconocer que ocurre en los niveles intermedios y empresariales; sabe que es sobre todo político, pero trata de restringirla a lo administrativo.
Esa forma oficial de ver las cosas las expuso muy descarnadamente Osiris Martínez López, jefe de Procesos Penales en la Fiscalía General de la República, en una entrevista concedida el semanario Trabajadores en noviembre de 2007:
“En Cuba hablamos, esencialmente, de corrupción administrativa y económica. Por suerte, en las altas esferas del Estado y el Gobierno no tenemos corrupción política, por eso decimos que aquí este mal no ha minado la esencia de la sociedad. No tenemos escándalos, relacionados con presidentes de bancos o ministros corruptos. En nuestro país en esos niveles, puede darse un caso, una persona; pero esos son los que más temprano se detectan y los que más severamente se sancionan. La corrupción se da en los niveles intermedios y empresariales”.
Es monstruoso decir tantas mentiras juntas sin sonrojarse, pero hay que comprender que Osiris dijo lo que le mandaron.
Los hechos de los últimos años contradicen esas afirmaciones, desde los casos de Juan Carlos Robinson y Alejandro Roca Iglesias, condenados respectivamente a 12 y 15 años de privación de libertad, pasando por la destitución de Luis Ignacio Gómez Gutiérrez, de quien Fidel Castro escribió que “no se le tenía ninguna confianza”. Hasta el presente, la lista de defenestraciones de primer nivel es numerosa e incluye a figuras administrativas y políticas como Carlos Lage Dávila, Felipe Pérez Roque, Fernando Remírez de Estenoz, Carlos Valenciaga, Rogelio Acevedo González, Yadira García Vera, Pedro Sáez Montejo, Juan Contino Aslan, Marcos Portal León, Marta Lomas, Francisco Soberón, Jorge Luis Sierra, Otto Rivero, Raúl de la Nuez, Fidel Figueroa de la Paz y muchos más que harían la lista demasiado extensa.
Aún cuando José Ramón Balaguer Cabrera fue depuesto de su cargo de ministro de Salud Pública y Lorenzo Somarriba, director del Hospital Psiquiátrico de La Habana trasladado -más bien promovido- como jefe de la misión médica cubana en Haití, no fueron inculpados en el juicio por las más de 26 muertes ocurridas en ese Hospital en enero de 2010, estando ambos en funciones.
El caso más reciente de corrupcíon aconteció en Sancti Spíritus, donde fueron destituidos el Vicepresidente del Poder Popular, tres Vicepresidentes del Consejo de Administración Provincial y una Directora del Poder Popular, todos ellos con responsabilidad penal. Además, pidió su renuncia la Presidenta del Poder Popular “por su falta de vigilancia y control”. A estas alturas, aún se desconoce para dónde estaba mirando, cuando estos hechos ocurrían, el primer secretario del Partido Comunista y señor feudal de la provincia espirituana, Miguel Acevo Cortiñas.
La corrupción ha contaminado a toda la sociedad cubana, la cual desde hace 52 años padece de una grave deficiencia inmunológica contra ella. Desde el momento que el ser humano no dice lo que piensa, dice lo contrario y actúa en contra de su voluntad, ya ha perdido toda moral y principios éticos. Es lo que ocurre en Cuba.
Un ejemplo de corrupción generalizada es cuando se obliga a las personas a actuar al margen de su voluntad, como ocurrió en 1989, cuando en el Tribunal de Honor contra Arnaldo Ochoa Sánchez se precisó a 47 Generales a manifestar su repudio mediante sus firmas, entre las que figuraban la del hoy destituido general Rogelio Acevedo González.
Más vergonzosas aún fueron las palabras del comandante Guillermo García Frías en la reunión del Consejo de Estado para decidir sobre la ejecución de la pena de muerte a Arnaldo Ochoa y otros tres condenados en la misma sanción, cuando dijo que inicialmente no era partidario de los fusilamientos, pero “cuando el compañero Raúl hizo su intervención, mi criterio varió, y cuando el Comandante en Jefe hizo el resumen, el criterio que tenía desapareció”. Huelga el comentario.
A todo lo anterior se le suma, en el orden económico, que es imposible en Cuba una existencia medianamente decorosa, dentro de las normas legales, por lo que concurren las condiciones para una corrupción generalizada y completa.
Al parecer Raúl Castro ha desatado una campaña contra la corrupción “administrativa”, pero ésta es solo una manifestación de la corrupción política, que llega hasta él. Si se empeña por ese camino debiera comenzar sus investigaciones por la imagen que le devuelve el espejo.
Pedro Pablo Álvarez Ramos es ex-preso de conciencia de la Primavera Negra de 2003, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC) y miembro del grupo gestor "Proyecto Varela".