Empresarios cubanos: de mal necesario a necesidad estratégica

Por estos días los cubanos hacen colas frente a las oficinas del gobierno, aunque no para comprar alimentos racionados, el último electrodoméstico chino, tarjetas de prepago para sus celulares o el último folleto sobre el Congreso del partido Comunista, previsto para abril. Son colas de aspirantes a empresarios que solicitan —y obtienen del gobierno socialista— licencias para abrir sus negocios.

Una mañana del pasado noviembre en La Habana, había en una oficina de barrio 14 personas en cola. Adentro, cuatro funcionarios recibían formularios, mientras afuera ciudadanos curiosos estudiaban los procedimientos de solicitud expuestos en pizarras. Una escena similar se desarrollaba en la pequeña ciudad de Sancti Spíritus, donde un funcionario me dijo que en dos semanas habían expedido 720 licencias, y que esperaban conceder muchas más.

Los empresarios recién autorizados se dejan ver en las calles. En Centro Habana, un vigilante nocturno cesanteado acaba de instalar un taller de reparación de bicicletas. En la población rural de Alquízar, un panadero mantiene su trabajo con el Estado, mientras abre, con dos ayudantes, un expendio de almuerzos en el portal de su casa.

Con una oferta de pan con lechón asado y fricasé de cerdo, jugos, y café, su negocio vespertino se movía ligero. Los puestos de venta de productos agrícolas se están multiplicando en los caminos rurales, atendidos por vendedores con licencia que hasta hace poco trabajaban en la ilegalidad, listos para huir de un momento a otro y eludir las altas multas por violación de las normas del Ministerio de Comercio Interior.

La prensa cubana informó que a nivel nacional se han expedido desde fines de octubre más de 75.000 licencias, para un rápido incremento del 50 por ciento en el sector empresarial privado.

Los medios estatales, que solían presentar a los cuentapropistas como ingratos o ladronzuelos, explican ahora una y otra vez cómo solicitar una licencia. El 28 de diciembre un artículo en el diario del Partido Comunista, Granma, criticaba a la burocracia por bloquear la “pronta expedición de las licencias”. Y el gobernante Raúl Castro dijo a los funcionarios del gobierno y del Partido, durante un discurso de 18 de diciembre, que “es fundamental modificar la apreciación negativa existente en no pocos de nosotros hacia esta forma de trabajo privado”.
Esto representa un cambio importante

Un programa de reformas económicas que se había desarrollado lentamente desde 2007 está finalmente cobrando impulso. Detrás del mismo se encuentran dos conclusiones. Primero, que ninguno de los objetivos estratégicos económicos del gobierno —incentivar el trabajo, reducir la desigualdad de ingresos, poner fin al sistema de doble moneda, mejorar el balance fiscal y comercial y el crédito internacional, y reformar los subsidios sociales— podían lograrse si no aumentan la producción y la productividad. Y segundo, que la producción no aumentará a menos que Castro y su generación de dirigentes cumplan su “deber de corregir los errores que hemos cometido en estas cinco décadas de construcción del socialismo.”

Eso implica, para usar los términos de Castro, serios cambios “estructurales y de concepto” en la economía cubana. Y explica por qué los empresarios del barrio, que una vez se vieron como un mal necesario, ahora se consideran una necesidad estratégica.

Para esta primavera, deben ser despedidos la mitad del millón de trabajadores estatales que Castro estima son improductivos. Algunos podrían encontrar nuevos puestos de trabajo con el gobierno; cerca de la mitad se espera que se conviertan en empresarios; y alrededor de 200.000 serían absorbidos en la próxima reforma, que convertirá en cooperativas privadas las empresas de servicios, comercio minorista y pequeñas manufacturas, ahora mal administradas por el Estado. Por otra parte, un documento sobre políticas del partido anunciaba que las empresas no rentables del Estado serán “liquidadas”.

En total, alrededor de 1,8 millones de trabajadores habrían pasado al “sector no estatal” para el año 2015, según la ministra de Finanzas, Lina Pedraza. Eso colocaría a dos de cada cinco trabajadores cubanos en ambientes laborales privados.

Otros cambios se avecinan. La libreta familiar de racionamiento va camino a su desaparición, abriendo el camino a una mayor distribución de alimentos basada en el mercado y a la extinción de la burocracia estatal relacionada. Declaraciones oficiales recientes han sugerido que a los cubanos se les permitirá vender sus casas, lo cual crearía una plusvalía instantánea para millones de isleños en el nuevo mercado inmobiliario residencial.

El cambio en la actitud oficial es inconfundible, como cuando Raúl Castro explicaba que habían “absolutizado” el principio marxista de que el Estado debía retener los medios de producción fundamentales, y habían pasado a propiedad estatal casi toda la actividad económica. Antiguas excusas también se están desechando.

Un funcionario me decía: “Sí, tenemos el bloqueo, y sí, hemos tenido huracanes, pero tenemos que admitir que estamos muy mal en un montón de cosas, y que hay que corregirlas”.

¿Funcionará todo esto?

Mucho dependerá de las nuevas políticas que regularán la expansión del sector privado. Algunas tienen sentido: los empresarios pueden ahora contratar empleados, sus deducciones de gastos empresariales se han incrementado; pueden alquilar locales comerciales a particulares; y tanto a ellos como a las nuevas cooperativas se les permitirá firmar contratos con quien les plazca, incluyendo al gobierno y sus empresas mixtas con inversionistas extranjeros.

Dos cambios fundamentales —la creación de tiendas para la venta de insumos al por mayor y la concesión de préstamos bancarios a los empresarios— se han prometido pero no se han implementado. Un nuevo sistema de impuestos entró en vigor recientemente, con un diseño sencillo para las empresas unipersonales, y más complicado para las que tienen empleados; su impacto real en la incentivación de los negocios todavía está por verse. En las publicaciones de la Iglesia católica y, en ocasiones en la prensa oficial, los economistas han argumentado que se necesitan reformas más profundas para crear suficientes empleos y cumplir con las metas de reducción del déficit.

Las reacciones populares son diversas. Trabajadores aprensivos de una cafetería estatal en La Habana esperaban que el gobierno despidiera a la mitad de ellos y luego convirtiera la empresa en una cooperativa. No detecté preocupación en un taller del Estado, donde una docena de carpinteros realizan trabajos a la medida para renovación de interiores, tal vez porque tenían suficientes contratos pendientes. Dos empleados de un puesto de sándwiches administrado por el gobierno me dijeron que les gustaría convertirlo en una entidad privada, para mejorar y diversificar sus productos y empezar a ganar más que la “basura” de salario que les pagan ahora.

Alrededor de sus mesas, los cubanos ven cambiar su contrato social: las prestaciones gubernamentales se han reducido, y se les llama a aceptar que el “excesivo paternalismo” de “Papá Estado” debe terminar, precisamente para preservar el sistema socialista y sus garantías básicas.

“No nos queda mucho tiempo”, dijo Castro en un discurso reciente, refiriéndose al que tiene su generación para enderezar la economía y “dejar la ruta trazada” a la próxima. Hasta ahora él ha procedido con cautela, reflejando sin duda el criterio de la dirección comunista cubana de que en la Unión Soviética la prisa y la improvisación condujeron a que se perdiera el control del proceso de de reformas.

Es posible que a lo largo del camino Castro frene y haga ajustes, pero la Cuba que dejará a sus sucesores ya se está perfilando: una con un sector estatal más pequeño, un mayor sector privado, y ciudadanos acostumbrados a menos subsidios y a más oportunidades y riesgos.