Un abogado disidente cubano –en una pequeña pero inusual victoria jurídica en un país donde los tribunales siguen fielmente la línea del gobierno– ha ganado las etapas iniciales de una demanda contra el Ministerio de Justicia.

Un tribunal de La Habana aceptó considerar la demanda de Wilfredo Vallín, que busca reconocimiento oficial para su grupo de abogados independientes, y ordenó al Ministerio que se defienda.

«No tengo una expectativa muy grande con esto, porque yo sé como son las cosas en Cuba, pero nuestra victoria ha sido bastante rara, bastante insólita», dijo Vallín, de 62 años.

«Aceptar una demanda contra un ministerio es algo extraordinario. Eso nunca había pasado», dijo Camilo Loret de Mola, veterano abogado habanero que ahora vive en Miami.

El sistema jurídico cubano se basa en la llamada «legalidad socialista», que plantea que el papel de la ley es promover la estabilidad y el desarrollo de una sociedad socialista.

Los jueces y fiscales siguen la línea política del gobierno comunista, desestiman con frecuencia apelaciones de decisiones oficiales y los disidentes que llevan a juicio son hallados culpables casi automáticamente, dijo Loret de Mola.

Los abogados deben trabajar para el gobierno o bufetes colectivos, aprobados por el gobierno, agregó, y cualquier abogado que pase mucho tiempo defendiendo a disidentes puede verse sin trabajo.

Pero todos esos obstáculos no amilanaron a la Asociación Jurídica Cubana, un grupo de unos 30 abogados creado en el 2008 para ofrecer asesoría jurídica independiente sin fines de lucro, generalmente a críticos del gobierno.

En abril del 2009, Vallín, líder de la Asociación y graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 1992, dio el primer paso necesario para inscribir el grupo.

Como miembro de la Asociación, solicitó al Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior que certificara que ningún otro grupo estaba inscrito con el mismo nombre. Si la respuesta hubiera sido que no, entonces podría solicitar la inscripción oficial.

Pero el Registro nunca le contestó, como tampoco ha contestado docenas de solicitudes similares de grupos independientes y de disidentes que han pedido inscribirse, de hecho obligándolos a infringir una ley contra «asociaciones ilícitas».

El disidente Héctor Palacios recuerda haber tratado de inscribir por lo menos ocho grupos a partir de 1998, desde partidos políticos hasta una asociación de bibliotecas independientes. Nunca le contestaron.

«Algunas veces se molestaban y se negaban a recibir nuestras solicitudes», declaró Palacios a El Nuevo Herald por teléfono desde La Habana.

Pero Vallín no se dio por vencido. Presentó una segunda solicitud ante el Registro y después de que no le contestaron otra vez, apeló a la ministra de Justicia, María Esther Reus González. Tampoco le contestó.

Entonces presentó una demanda ante la Segunda Cámara de Ley Civil Administrativa y Laboral del Tribunal Provincial de la Ciudad de La Habana, alegando que la ley le da a cualquier ciudadano cubano el derecho a exigir una respuesta del Ministerio.

En su primera sorpresa, el tribunal aceptó la queja de Vallín oficialmente el 29 de junio. Los tribunales cubanos por lo general rechazan demandas por parte de grupos disidentes e independientes por razones técnicas, dijo Loret de Mola.

Y el 28 de julio, un panel de tres jueces ordenó a Reus González que nombrara abogados para presentarse en el caso a nombre del Ministerio de Justicia, otra sorpresa. La ministra nombró a dos abogados del ministerio, Diego Fernández Cañizares Abeledo y Nelia Caridad Aguado López, el 6 de agosto.

Cañizares presentó una declaración cuatro días más tarde en que calificó la demanda de «desatinada» y expresó que el Ministerio no podía encontrar ningún documento de la solicitud de Vallín al Registro o las apelaciones a la ministra de Justicia.

El tribunal no ha fijado fecha para emitir un fallo, aunque Vallín dijo que tiene pocas dudas de que al final perderá. «El gobierno aquí puede hacer lo que quiera», dijo por teléfono desde La Habana.