Cuestionan liberación de presos cubanos fuera de acuerdo.

Otro aseveró que había estado en actividades de la oposición, aunque disidentes en Cuba lo negaron. Sólo uno era un verdadero prisionero político. Y dos son totalmente desconocidos.

No está claro por qué o cómo el gobierno cubano escogió a estos 11 para ponerlos en libertad. Siete ya fueron liberados y enviados al exilio en España, y se espera que los otros cuatro los sigan pronto.

Parte de la respuesta podría ser que Cuba clasifica delitos como secuestros bajo la categoría de «delitos contrarrevolucionarios’. Por su parte, los grupos defensores de los derechos humanos consideran esos delitos como «políticos’, y añaden a casi todas las personas halladas culpables de ellos a sus listas de «presos políticos’.

Pero la selección de los 11 ha causado preocupaciones de que Castro trata de manchar la imagen de los disidentes, de forma parecida a lo que hizo su hermano Fidel al incluir a varios miles de delincuentes comunes dentro de los 125,000 cubanos que salieron en el éxodo del Mariel en 1980.

«El régimen está imponiendo una ‘muestra negativa’ para tratar de desacreditar al sufrido presidio político cubano’, dijo Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien dirige la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en La Habana.

Algunos de los 11 han estado «involucrados en hechos de violencia, tal y como se llevo a cabo en el Mariel’, dijo la disidente habanera Martha Beatriz Roque. «En algunos casos los que se están yendo de Cuba son la escoria’.

Castro prometió en julio liberar a los 52 disidentes pacíficos en prisión a consecuencia de una ola represiva del 2003, en la que se encarceló a 75 disidentes. Hasta el momento, 39 han sido puestos en libertad y enviados a España. Otros 13 se niegan a abandonar la isla y siguen en la cárcel.

Pocas semanas después, el gobierno dejó saber que pondría en libertad «a todos los demás presos’, pero no dio detalles. Varias listas compiladas por grupos defensores de los derechos humanos cuentan entre 90 y 113 nombres, entre ellos muchos condenados por ‘‘delitos contrarrevolucionarios’ violentos.

Los siete liberados y enviados a España en las últimas dos semanas fueron:

* Rolando Jiménez Posada. Abogado y periodista independiente de 41 años de la Isla de la Juventud. Posada era el único verdadero «preso político’ en el grupo y fue adoptado por Amnistía Internacional como «prisionero de conciencia’.

Ex funcionario del Ministerio del Interior a cargo de los servicios de seguridad nacional y de inteligencia, fue hallado culpable en el 2003 de revelar secretos de estado no especificados y de «desacato’ a Fidel Castro. Fue condenado a 12 años de cárcel.

* Arturo Suárez Ramos. Cumplió casi 24 años de su condena de 30 años por piratería, a causa del secuestro en 1987 de un avión de pasajeros en La Habana. En ese incidente, otro secuestrador lanzó una granada de mano que hirió a 13 personas antes de ser muerto a tiros por la policía. Las autoridades cubanas alegaron que Suárez también lanzó una granada que no estalló.

Suárez estaba en una lista de 19 «prisioneros políticos’ que iban a ser liberados y enviados a Canadá en 1998. Pero Canadá lo excluyó por el empleo de violencia durante el secuestro, según Sánchez.

Suárez, de 46 años, no era conocido como disidente antes del suceso, pero se sumó a muchas actividades de oposición dentro de la cárcel. A su llegana a Madrid dijo que él siempre había estado en contra de la violencia y se consideraba como «un hombre [. . .] que lucha por la paz, por la conciliación nacional y porque Cuba alcance la democracia’.

* Ciro Pérez Santana. Estuvo encarcelado durante 34 de los últimos 40 años por delitos comunes y «contrarrevolucionarios’, dijo Pérez a El Nuevo Herald por teléfono desde España.

Arrestado en 1970 por desertar del ejército, fue condenado a cinco años, según él. Pero estando en la cárcel se vio involucrado en «riñas y otros delitos comunes’ que lo mantuvieron tras rejas durante casi 19 años, agregó.

Tras su liberación en 1989, temió que lo volvieran a arrestar por sus «actividades contra el régimen’, alegó Pérez, de modo que él y un amigo robaron dos pistolas de una estación de policía y secuestraron un barco del puerto de Nuevitas en 1994.

Patrullas del gobierno abrieron fuego contra el barco e hirieron a uno de los tripulantes, dijo Pérez. Sentenciado a 31 años por piratería, posesión ilegal de armas de fuego y agresión, la condena se le cambió posteriormente a 20 años, indicó.

Pérez agregó que durante su segundo encarcelamiento se unió a la asociación Presidio Político Pedro Luis Boitel y envió reportajes sobre los abusos en las cárceles a los disidentes Berta Antúnez y Martha Beatriz Roque.

Antúnez y Roque dijeron que ellas nunca tuvieron contacto alguno con Pérez. El fundador de Presidio Político, Jorge Luis García, conocido como «Antúnez’, dijo que Pérez «nunca tuvo ninguna vinculación’ con la asociación.

García dijo que conoce a Pérez porque ambos son de Placetas, en el centro de Cuba, y estuvieron juntos en las prisiones Kilo 8 y Kilo 7 en la provincia de Camagüey en los períodos de 1996 a 1997 y del 2005 al 2006.

Agregó que, a diferencia de los otros presos liberados en semanas recientes, quienes fueron llevados directamente de la prisión al aeropuerto para sus vuelos a Madrid, Pérez pasó cinco días con su familia antes de volar a España.

Pérez dijo que había estado en una prisión de seguridad mínima que permitía permisos de hasta cinco días para ir a casa.

* Domingo Osuna Mederos. Condenado a 15 años por piratería, intentó con otras cinco personas secuestrar en el 2000 una embarcación de la Marina cubana en Bahía Honda, una villa de pescadores cercana a su casa en la provincia occidental de Pinar del Río.

Su hija, Mavis Osuna, dijo que el grupo abordó la embarcación antes de que fueran capturados, pero que no sabía si el intento involucró alguna violencia.

Osuna, de 54 años, ha estado involucrado en actividades de oposición en la prisión y se considera un disidente, dijo la hija a El Nuevo Herald desde Pinar del Río.

* Juan Francisco Marimón. Sentenciado a 10 años de prisión después de que junto a otros 11 trataron de robarse un pequeño bote de pescadores en su provincia nativa de Pinar del Río en el 2003.

La policía esperaba al grupo, el bote nunca dejó tierra y no se hubo violencia o amenazas en el intento, dijo un primo, Juan Carlos Marimón, quien cumplió cinco años de prisión por el mismo intento.

Sin embargo, el cargo oficial contra Juan Francisco, de 48 años, fue «terrorismo’, dijo Juan Carlos a El Nuevo Herald, una definición que calificó de «caprichosa y políticamente interesada’.

Juan Carlos agregó que él y Juan Francisco se unieron a actividades de la disidencia en prisión: «Los dos nos sentimos disidentes u opositores al gobierno’.

* Juana María Nieves Mena. Ahora de unos 29 años, era una adolescente cuando ella y unas otras cinco personas, incluido un primo, intentaron secuestrar un bote de pesca en su nativa provincia de Matanzas en el 1999.

La policía había sido alertada y estaba esperando al grupo, de acuerdo con Sánchez. Nieves fue sentenciada a 15 años por piratería.

* Misael Mena Fernández. El primo de Nieves fue encontrado culpable de piratería ‘‘con lesiones’ y condenado a 17 años.

La Iglesia Católica en Cuba, cuyos máximos representantes se han estado reuniendo con Castro sobre la liberación de los presos, anunció que el gobierno pondrá en libertad a otros cuatro prisioneros que no están en el grupo de los 52.

Estos son:

* Adrián Alvarez Arencibia. Está sirviendo una sentencia de 30 años por espionaje y ‘‘otros delitos contra le seguridad del estado’ que su padre dijo que surgieron de un complot con dos otros soldados para matar a Fidel Castro en 1985.

Arrestado en ese año, fue encausado ante un tribunal militar solamente en el 1992. Esto lo convierte en el «prisionero político’ más antiguo de América Latina y posiblemente del mundo, según Sánchez.

El padre, también de nombre Adrián Alvarez, le dijo a El Nuevo Herald que Alvarez Arencibia tenia 19 años cuando él y otros dos reclutas obtuvieron siete rifles para el atentado contra Castro. Los otros dos desaparecieron después de la detención de su hijo, agregó.

Alvarez Arencibia, que ahora tiene 44 años, ha emitido o firmado numerosas denuncias de abusos en las prisiones cubanas. También se ha visto privado de visitas familiares durante la mayor parte de su encarcelación, dijo Sánchez.

* Ramón Fidel Basulto García. Fue condenado a 30 años por piratería como parte de un grupo de siete cubanos que secuestraron la lancha Baraguá en la Bahía de La Habana en el 1994, con una pistola, un machete y un martillo.

Un policía que protegía la lancha se tiró al mar durante el secuestro y se ahogó. Pero a la lancha, con unos 100 pasajeros a bordo, se le acabó el combustible y fue interceptada por las autoridades cubanas.

Los fiscales inicialmente pidieron la pena de muerte por asesinato para Basulto, ahora de 43 años, pero después la redujeron a 30 años porque no tenía expediente delictivo previo, dijo su esposa, Patria Piloto, a El Nuevo Herald desde La Habana.

* José Luis Ramil Navarro. Un hombre desconocido, Ramil no está en ninguna de las listas de «prisioneros políticos’ compiladas por activistas de los derechos humanos.

Sánchez dijo que otros prisioneros le informaron hace algún tiempo que Ramil estaba en la cárcel por piratería, pero la familia se niega a suministrar copias de su caso legal.

* Joel Torres González. Otro que no aparece en las listas.

Sánchez dijo que otros prisioneros le habían informado que Torres ha estado en prisión por mucho tiempo por «delitos de migración ilegal’, pero que había rehusado ofrecer información sobre su caso.

El viernes, la Iglesia Católica anunció que el gobierno cubano pondrá en libertad a otros tres prisioneros: Ridel Ruíz Cabrera, sentenciado en 1997 a 20 años por piratería y posesión ilegal de armas de fuego; Marcos Soto Morell, sentenciado en 1990 a 35 años por piratería y evasión; y Rolando Damas Domínguez, quien no está en ninguna de las listas de prisioneros políticos.

Sánchez ha tratado de caminar la fina línea entre destacar las diferencias entre secuestradores encarcelados y disidentes encarcelados, y evitar críticas directa de los secuestradores.

«No estamos mirando mucho sus historias. Tenemos muy pocos datos’, dijo Sánchez a El Nuevo Herald cuando se le preguntó si creía que el gobierno había infiltrado algunos delincuentes comunes entre los 11.