Comentarios economicos sobre Cuba

En cumplimiento de lo establecido en este Acuerdo, las formas de producción y los concurrentes están sujetos al pago de impuestos, tarifas y otras obligaciones. Por ello, el Ministerio de Finanzas y Precios emitió la Resolución No. 206 del 2010 el 23 de julio, donde se determina que a la venta de productos agrícolas en los puntos de venta o kioscos, provenientes de patios, traspatios y parcelas o que se acopian en lugares intrincados o de difícil acceso, o de las propias formas de producción que administran los puntos de venta, se les aplicará un impuesto del 5% sobre las ventas.

Asimismo la Resolución No. 206/10 establece que las formas de producción propietarias de los puntos de venta o kioscos cobrarán por el contrato de arrendamiento que suscribe con los concurrentes una tarifa de hasta el 5% de las ventas diarias. Además, por la utilización de tierra estatal para construir puntos de venta o kioscos colindantes a carreteras y autopistas, aportarán al presupuesto del Estado mensualmente el 2% de las ventas diarias. Las personas naturales que como trabajadores por cuenta propia ejerzan la actividad de vendedor de producción agrícola en estos establecimientos pagarán una contribución a la seguridad social de acuerdo a una tabla descrita en la Resolución.

Aunque estos pasos pudieran aportar alguna flexibilidad a la rígida comercialización de los productos agropecuarios, por sus prohibiciones, limitaciones y la permanencia de una serie de mecanismos de gestión obsoletos, la medida no resolverá la grave situación del acopio y posterior comercialización de los productos provenientes del campo cubano.

Las llamadas formas de organización que administrarán los puntos de venta o kioscos son las mismas organizaciones estatales o supuestas cooperativas autorizadas actualmente, por lo que todo se mantendrá controlado por el gobierno. Persiste la obligación de vender al Estado al precio que fija para los productos, casi siempre por debajo de los existentes en el mercado. Como se conoce, los campesinos tienen que entregar al Estado alrededor del 70% de su producción agrícola como condición para que puedan vender sus excedentes de forma libre y obtener ingresos superiores.Aunque parece que habrá ciertas posibilidades para que los agricultores de zonas suburbanas puedan llevar sus productos a los puntos de ventas o kioscos ahora abiertos, nada indica que los esquemas de acopio tan dañinos a la agricultura cubana serán modificados sustancialmente.

El mayor problema de la agricultura cubana es la falta de producción y productividad, sin embargo, la carencia de abastecimiento de alimentos nacionales también es una consecuencia de las dificultades en el acopio y posterior comercialización de los productos, incluida la venta al detalle. Gran cantidad de productos, por deficiencias de acopio, no se recogen en los campos y se pierden. Los colectados, después tienen enormes mermas por la inadecuada manipulación y las enormes demoras en el traslado, que originan la pudrición de un elevado porcentaje de productos perecederos. Aquellos ofertados a los consumidores llegan generalmente con una ínfima calidad. En esto incide negativamente el burocratismo en el proceso de comercialización, que, entre otras cosas, retarda el ajuste de los precios a las realidades del mercado, y cuando esto se hace ya el daño está consumado.

Por supuesto hay otros factores, como la falta de capacidad de procesamiento industrial de los productos agrícolas, con escasas instalaciones que, además, trabajan con equipamiento anticuado, muchas veces en condiciones antihigiénicas, donde los obreros por lo regular trabajan artesanalmente, con baja productividad y en pésimas condiciones laborales. Así frecuentemente partes considerables de cosechas se pierden, como sucedió con la de tomate en 2009, debido en apreciable medida a la inexistencia de una ágil rebaja de los precios que habría permitido un consumo más elevado por la población y reducido las pérdidas.

Actualmente las producción de plátano vianda y boniato tiene significativas pérdidas en el campo y los patios de los centros de acopio, mientras estos alimentos habían faltado en los mercados en los últimos meses, en particular el plátano. La situación es tan impactante, que ha llegado hasta la televisión. Al divulgarse el escándalo, el precio del plátano vianda se redujo en dos tercios (de 1,50 pesos la libra a 0,50 en La Habana) y el boniato (de 0,40 a 0,20). Esto podría haberse evitado, o disminuido los daños, si los productores y comercializadores —incluidos los detallistas— tuvieran libertad para enviar las mercancías hacia otros mercados y ajustar los precios sin esperar decisiones superiores.

Dada la gravedad de la situación económica del país, las soluciones no se encontrarán a través de parches, sino mediante la transformación radical de los absurdos mecanismos productivos y comercializadores. La agricultura demanda la entrega real de la tierra a los productores, con plena libertad para hacerla producir y el derecho de los campesinos a disponer del fruto de su trabajo.

Esto supone que termine la entrega forzada al Estado de los productos, sustituyéndose ese esquema fracasado por el pago de impuestos y contribuciones como se hace en el mundo entero. Hasta tanto eso se realice, los resultados obtenidos serán mínimos, al igual que lo sucedido con la entrega de las tierras en usufructo, proceso que a pesar de tener dos años, no ha logrado aumentar la producción agropecuaria. Con tímidas e insuficientes medidas no se resolverá el grave problema de la alimentación de los cubanos.

10-09-2010.

Elías Amor Bravo

Economista ULC

El diario español EL Mundo en su edición de hoy 10 de septiembre, se hace eco de un documento con membrete oficial del único partido y sindicato que está autorizado a funcionar en la Isla, en el que se contiene, con cierto detalle, el sentido y la orientación del plan de reformas en materia económica.

Al parecer ya está decidida la expulsión más o menos inmediata de 600.000 empleados estatales con una indemnización de un mes de sueldo. De manera simultánea, anuncian la concesión de 250.000 licencias para pequeñas empresas.

Para empezar, nada garantiza que ese anuncio suponga la creación de empresas y la corrección inmediata de la elevada cifra de desempleo. Lo más probable es que suceda todo lo contrario, y que la iniciativa empresarial no acepte las reglas del juego fijadas por los hermanos Castro. Yo jamás recomendaría a un cubano que, con el marco actual de reformas, pusiera en marcha una empresa, en tanto en cuanto no se aclaren algunas cuestiones fundamentales.

Estas cuestiones hasta la fecha no parecen tener respuesta. Por ejemplo, cómo se van a crear esas nuevas empresas y que figura jurídica van a tener, en qué sectores o actividades de forma libre se podrán crear las empresas, qué márgenes de beneficio van a obtener, dónde se podrán aprovisionar de los medios de producción, materias primas y tecnología, cuál será la financiación, parece que se piensa autorizar la recepción de remesas del extranjero pero dudo de la efectividad a corto plazo de las mismas, sobre todo con su distribución por edades y destino a la atención de necesidades primarias, o también cómo se realizará la contratación de trabajadores y la fijación de salarios, cuestiones que, mucho me temo, el régimen no ha tenido mucho interés en analizar.

En suma, para llevar la economía estalinista cubana hacia el sistema de economía de mercado, hay que hacer muchas cosas y creérselas realmente.

A resultas de la combinación de estas medidas, cabe suponer que aumentará rápidamente el desempleo, un fenómeno que la manipulación estadística ha ocultado históricamente de las cuentas nacionales, pero lo que es más grave aún, las ineficiencias productivas y escaseces que afronta la población, tampoco se van a ver corregidas con las medidas que ya se han anunciado, ya que no se van a alcanzar los niveles de dimensión productiva con empresas independientes de la iniciativa estatal en un período de tiempo muy corto.

La aparición del desempleo va a generar más tensiones sociales. Las personas que pierdan su puesto de trabajo en el Estado y no se puedan incorporar a la dinámica de las nuevas empresas, qué van a hacer. Esta es una cuestión que arroja incertidumbre hacia el plan de reformas. En materia de asuntos económicos, no se puede improvisar, ni mucho menos, actuar con cobardía. La visión estalinista de una economía privada sometida a los imperativos de un control burocrático, que parece ser la apuesta del raulismo castrista para la economía cubana, no es una solución viable.

Tal vez habría que empezar por otro sitio bien distinto. Porque una cosa es la gestión privada de la economía y la recuperación del mercado como mecanismo de asignación, que es lo que se pretende en Cuba, y otra bien distinta es la existencia de un marco previo, jurídicamente estable, de derechos de propiedad que fije la titularidad de los activos existentes en la economía, el mecanismo de acceso a los derechos reales y sucesorios, y las fórmulas de transmisión de la riqueza y la renta generadas con el proceso productivo. Y de eso, hasta ahora, no aparece nada en los documentos reseñados.

El régimen castrista rechaza aceptar que la libertad económica disponga de un espacio suficientemente amplio y estable para que los agentes económicos puedan definir y tomar sus decisiones en términos de la mejor fuente de información que existe, que son los precios.

Del contenido del plan se concluye que la dirigencia comunista cubana sigue sin confiar en la propiedad privada, y la pretende manipular en beneficio propio, básicamente para ganar tiempo y conservar el poder político. Su reflexión es que ante un escenario ciertamente lúgubre y pesimista, tal vez convenga dejar un poco de oxígeno para ver que hacen las cooperativas, las pequeñas empresas hasta ahora ilegales, y alguna que otra iniciativa similar. Si las cosas no salen bien, se da carpetazo y vuelta atrás.

Por ello,  el control y el derecho de la propiedad se mantiene en manos del Estado, la definición de los mecanismos de asignación sigue dependiendo de decisiones políticas, y la obsesión con eliminar cualquier proceso de acumulación de capital y beneficios, criminalizando la actividad empresarial, frena y obstaculiza el proceso. Esa no es la solución.