En: Opinión
10 Ago 2010Igualmente es perentoria la flexibilización de los mecanismos migratorios vigentes. En primer término debe cesar el requerimiento de permiso de salida a los cubanos mediante la llamada “tarjera blanca”, y la imposición de salida definitiva a algunos. Resulta apremiante la creación de un ambiente de reconciliación y respeto a las opiniones de todos los ciudadanos, para que, en un contexto civilizado y responsable, puedan aunarse voluntades y alcanzar compromisos promovedores del progreso nacional.
¿CAMINO A LAS REFORMAS?
El presidente Raúl Castro al resumir la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de agosto creó nuevas esperanzas para las reformas que urgentemente necesita la sociedad cubana. Su anuncio sobre la ampliación del trabajo por cuenta propia, decidido en el consejo de ministros el 16 y 17 de julio, así como la flexibilización para que pueda contratarse en ese marco fuerza laboral y comercializarse algunas producciones, podría significar el inicio de la liberación de las fuerzas productivas en Cuba.
La total eliminación del tabú sobre la contratación de fuerza de trabajo tiene gran significación, pues sentaría las bases para el establecimiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES), que al mismo tiempo de ser fuente de empleo y generación de bienes y servicios rentables, aportarían flexibilidad a la economía, además de contribuir al presupuesto nacional a través del pago de impuestos. Ese esquema empresarial no requiere los enormes subsidios que actualmente demanda la inmensa mayoría de las empresas estatales, sino que aportaría al financiamiento de la seguridad social y otros gastos, así como la sustentación de los modelos vigentes de salud pública y educación; actividades que deben mantener su gratuidad y sobreponerse al deterioro de los últimos años con el aumento de la calidad y la eficiencia.
Claro está, habrá que esperar la aplicación de las medidas para conocer su verdadero alcance. También deberán ser complementadas para que puedan dar los beneficios esperados, entre otros con la creación de un mercado mayorista y mecanismos flexibles que permitan recibir desde el exterior suministros y, eventualmente, recursos financieros mediante créditos, donaciones y otros mecanismos, para su funcionamiento y desarrollo. Asimismo, resulta indispensable un sistema de leyes que con transparencia dé garantías e impida el retroceso del trabajo por cuenta propia y la eventual creación de las PYMES.
Estos proyectos seguramente afrontarán tentativas para impedir su desarrollo desde los sectores del gobierno y el partido comunista que mantienen una posición opuesta al cambio, temerosos de que afecte sus posiciones actuales en la sociedad, y la hegemonía y los privilegios que durante tantos años han mantenido.
El general Raúl Castro se refirió además al inicio de un programa de racionalización del personal sobrante en los centros de trabajo, que podría abarcar a 1 300 000 personas, aproximadamente el 25,0% de la fuerza de trabajo empleada. Anunció una primera fase a ejecutar en los organismos de la administración central del estado, con la modificación del tratamiento laboral y salarial a los “trabajadores disponibles e interruptos”, al suprimirse según acotó: “…los enfoques paternalistas que desestimulan la necesidad de trabajar para vivir y con ello reducir los gastos improductivos, que entraña el pago igualitario, con independencia de los años de empleo, de una garantía salarial durante largos períodos a personas que no laboran.”
Esa racionalización, unida al aumento de la actividad privada en la economía con su posibilidad de contratación de fuerza de trabajo, refleja una visión oficial más integral de la problemática económica nacional y podría significar cambios estructurales y de concepto serios, si se aplicaran las medidas de manera consecuente. La reducción de ministerios e instituciones innecesarias, colateralmente, conllevaría una beneficiosa descentralización y facilitaría aumentar la toma de decisiones en las empresas, o a nivel provincial y municipal, con la disminución del burocratismo.
Por esas razones se requeriría de todos los cubanos de buena voluntad, por encima de diferencias ideológicas, un frente común para que las medidas se apliquen y amplíen. La tarea central en estos momentos es defender los cambios y propiciar su avance para provecho del pueblo. Ciertamente existen muchas dificultades, pero no es menos real que en la sociedad cubana existen muchas reservas inexplotadas que pueden ser utilizadas. La comunidad cubana en el exterior puede ser fuente importante de recursos y experiencias; en primer lugar, deben establecerse políticas dirigidas a que las remesas recibidas puedan utilizarse en un alto porcentaje para invertirlas en el trabajo por cuenta propia y las PYMES. Por supuesto, el gobierno deberá dar garantías para el funcionamiento de estas actividades. Paralelamente, podría ofrecer estímulos cambiarios y fiscales para las remesas destinadas a esos fines.
Resulta evidente que la ampliación del trabajo por cuentapropia por si solo no sería suficiente para dar empleo a 1,3 millón de personas. Pero sí sería un buen comienzo para el desarrollo de las PYMES, así como también estarían creándose mejores condiciones para la necesaria inversión extranjera, sin desestimar los proyectos que pudieran desarrollarse en cooperación con compatriotas residentes en el exterior. Para lograr este objetivo en las magnitudes que el país requiere, deben mejorar también las relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
Adicionalmente, resulta indispensable incrementar el respeto a los derechos humanos y aplicar medidas encaminadas a la paulatina democratización de la sociedad. Sería absurdo ver estos requerimientos como presiones externas, cuando son en realidad imperiosas necesidades internas. La ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales por la Asamblea Nacional del Poder Popular será indispensable, así como la correspondiente modificación de la legislación nacional; en primera instancia el Código Penal, la eliminación de la “Peligrosidad” y la Ley 88 sobre la “Protección de la Independencia Nacional y la Economía” de franco contenido totalitario.
Igualmente es perentoria la flexibilización de los mecanismos migratorios vigentes. En primer término debe cesar el requerimiento de permiso de salida a los cubanos mediante la llamada “tarjera blanca”, y la imposición de salida definitiva a algunos. Resulta apremiante la creación de un ambiente de reconciliación y respeto a las opiniones de todos los ciudadanos, para que, en un contexto civilizado y responsable, puedan aunarse voluntades y alcanzar compromisos promovedores del progreso nacional.
La Habana, 5 de agosto de 2010
Oscar Espinosa Chepe
Economista y Periodistas Independiente
Pedro Pablo Álvarez Ramos es ex-preso de conciencia de la Primavera Negra de 2003, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC) y miembro del grupo gestor "Proyecto Varela".