Con los pies puestos sobre la tierra y basado en los principios básicos de real política a que en diversas ocasiones me he referido en mis crónicas y artículos, expresé la opinión que el tiempo disponible para la solución de los problemas y dificultades que nos aquejan está agotado y no admite más dilaciones. En un más amplio desarrollo de mi criterio planteado que me permite el espacio de esta crónica, debo reconocer que tal consideración no es exclusivamente mía y que el Presidente Raúl Castro ha expresado pública y claramente en su discurso ante la Asamblea Nacional el 18 de diciembre del 2010, que: “O rectificamos ya o se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos”.

Ahora Raúl se decanta por una variante raquítica de la experiencia chino-vietnamita. Intenta legarles a los cubanos un sistema de producción micro-capitalista, sin mercado y sin acumulación de beneficios, deliberadamente castrado con la cuchilla fiscal para que las empresas no crezcan, controlado por un gobierno comunista de partido único que no ofrece subsidios, vigila implacablemente y cobra altos impuestos, pero, no se sabe por qué, espera a cambio lealtad y eficiencia de parte de los trabajadores.

Deben de haber existido varias motivaciones para la puesta en vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, unas de carácter político y otras de carácter humano. Pero quizás una de las peculiaridades que ayuda a mantener su vigencia después de 45 años, es el calificativo de “salida ilegal” que se le otorga a una acción que es un acto soberano de cualquier ser humano. Nadie se va de forma ilegal de su propia casa, y el país es la casa, en este caso, de todos los cubanos.
Pero además, “salida ilegal” es una figura delictiva presente en el código penal. Y por ese “delito”, miles de cubanos han cumplido años de prisión.