Reflexiones al borde del Abismo

Una nueva convocatoria para el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba después de 13 años de celebrado el último, rompería con un compás de espera que ya se hacía engorroso. Puesto que teóricamente la máxima autoridad del Partido no es el Secretariado, ni el Comité Central, ni el máximo líder, sino el Congreso, y de acuerdo a los estatutos de esa organización, debe celebrarse cada cinco años para decidir el rumbo del país en el siguiente quinquenio y renovar los cargos, significa que cuando se haga la apertura de ese encuentro magno el próximo año, la actual dirección habrá estado rigiendo de facto, sin legitimidad alguna, durante 9 años, no sólo a ese partido, sino además, teniendo en cuenta que constitucionalmente esa agrupación constituye “la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”, los destinos del país. De no haberse violado flagrantemente esos estatutos, a estas alturas ya debían haberse celebrado dos congresos más y no deberían estar convocando el VI sino el VIII Congreso.

Anteriormente había sido programado para el 2009 y fue pospuesto. ¿Por qué tanto retraso? ¿Por qué el aplazamiento? ¿A qué se le teme?

Ya para las asambleas preparatorias del IV Congreso en 1991, el derrumbe del campo socialista había estimulado una marejada de dudas sobre la validez del modelo de Estado centralizado que la izquierda llamaba “socialismo real”, y la derecha, “comunismo”, este último apelativo en el sentido peyorativo que originara el autoritarismo absoluto y abusivo de José Stalin. Lo que se creía una formación económico-social irreversible, se había desplomado en todos esos países como una hilera de naipes. Las insatisfacciones de la población cubana durante tres décadas viviendo bajo ese sistema, parecían confirmar esas dudas, por lo que una ola de críticas obligó a la dirección a interrumpir los debates abruptamente. Había, no obstante, una explicación convincente para explicar no sólo la crisis económica permanente que originaba la precariedad de la población, sino además la ausencia de un estado de derecho: el permanente hostigamiento de un enemigo poderoso a 90 millas decidido a poner fin al proceso revolucionario mediante conspiraciones, invasiones, tolerancia de grupos contrarrevolucionarios violentos y el mantenimiento y luego reforzamiento de una política de restricciones económicas contra Cuba. El recurso para justificar los propios errores era, pues, creíble. Sin embargo, tras la desaparición de la Unión Soviética y el advenimiento de un mundo unipolar –y en consecuencia, fin de la guerra fría-, Cuba dejó de constituir un serio peligro para Washington como “punta de lanza” del ya fenecido 2 do. mundo. La tolerancia con grupos armados se acabó, las incursiones armadas a costas cubanas terminaron, y sólo permanecía una política de restricciones económicas de dudosa efectividad.

¿Qué hacer entonces ante la creciente avalancha de cuestionamientos, propuestas de reformas descentralizadoras y hasta proyectos de normalización de relaciones, iniciativas surgidas, no entre disidentes marginales, sino en círculos culturales, fundaciones y o­nGs legalizadas y hasta en el propio seno del Partido ya casi a las puertas del V Congreso que supuestamente debía realizarse en 1996? Pero el congreso podía aplazarse para ir creando las condiciones necesarias que permitieran la supervivencia del modelo estatista. Era preciso primero apretar las tuercas entre sus propias filas mediante sanciones, purgas y amenazas. ¿Era esto posible sin pagar un costo político? Pues ahí estaba el sempiterno recurso: el “bloqueo imperialista”. Mas ¿cómo hacerlo creíble durante un período en que la guerra fría se extinguía y la política de la administración Clinton se inclinaba más bien a la distensión y a la normalización? Cierto que por los hemiciclos del congreso estadounidense circulaba un proyecto-ley para endurecer las condiciones del embargo, pero se trataba de un engendro jurídico tan aberrante que gozaba de muy pocas posibilidades de ser aprobado y hasta el presidente Clinton cabildeaba en su contra. Su aprobación sólo era posible forzando las circunstancias, un recurso extremo que ya había sido utilizado en situaciones semejantes: Cuando representantes cubanos y estadounidenses lograban avances positivos durante secretas conversaciones sostenidas en México en los años 70, el Gobierno Cubano sorprendió a la administración Ford con el envío de tropas cubanas a Angola. Cuando avanzaba un proceso de normalización de relaciones con la administración Carter, el proceso fue interrumpido abruptamente en 1980 con el éxodo masivo del Mariel. Ahora, en términos ajedrecísticos -un juego que gozaba de gran popularidad entre dirigentes y burócratas cubanos-, el jaque mate a la ola contestataria dentro del Partido estaba en dos jugadas.

La oportunidad se la ofrecieron desde la otra orilla en bandeja de plata. El 24 de febrero del 96 se produce el derribo, por aviones mig cubanos, de dos avionetas civiles de una organización pacífica que más de una vez había incursionado en cielo cubano para lanzar proclamas. El ataque a estas avionetas y la muerte de sus cuatro tripulantes cambiaron radicalmente la correlación de fuerzas en Washington en relación con el proyecto Ley Helm-Burton que en consecuencia fue firmado pocos días después, el 12 de marzo, por el Presidente Clinton. El 27 del mismo mes los miembros del CEA (Centro de Estudios de América), nacido como institución académica subordinado al Comité Central pero que habían estado realizando propuestas alternativas para Cuba, fueron acusados públicamente en el Informe del Buró Político aprobado en el Quinto Pleno del Comité Central, de “quitacolumnistas” y hasta de “agentes del imperialismo”. En consecuencia, el Comité Central comenzaría contra ellos un proceso a puertas cerradas que concluiría con la reestructuración de la institución y el traslado de sus miembros a otros organismos, incluso el hostigamiento obligaría a algunos de ellos a buscar domicilio fuera del país, como los casos de Haroldo Dilla y Ana Julia Fayá. El mismo hostigamiento obligaría a exiliarse a otros prominentes intelectuales, como Juan Antonio Blanco, presidente de la Fundación Félix Varela, autor de un libro muy controversial, Tercer Milenio, y a Manuel Moreno Fraginal, considerado el historiador más destacado del país, por cuestionar la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante una conferencia en Estados Unidos. En su obra El Caso CEA, Mauricio Giuliano, después de referirse a observadores que veían el objetivo del derribo de las avionetas en hacer aprobar la Ley helm-Burton, añade: “De hecho, la aprobación de la Ley Helm-Burton le dio fuerza a los ‘duros’ del aparato”[1]. El propio Clinton, desconcertado, escribiría en sus memorias: “Casi parecía que Castro trataba de obligarnos a mantener el embargo para tener una excusa por el fracaso económico de su régimen. Si no era ese el objetivo, entonces Cuba había cometido un error colosal”[2]. Esta impresión no era sólo de él. Algunos analistas comenzaron a llamar a la Ley, irónicamente, “Ley Helm-Burton-Castro”. Estas maniobras permitieron celebrar, en 1997, un congreso sin desagradables contratiempos, porque en una plaza sitiada no hay cabida para las desavenencias.

¿Qué puede haber motivado que después de aquel congreso en 1997 se haya prolongado casi indefinidamente la apertura del VI Congreso hasta el punto de que ni siquiera anunciándolo existe la seguridad de que se realice? El modelo monopolista de Estado centralizado, mal llamado “socialismo”, se ha agotado completamente. La corrupción, inherente a un sistema donde la burocracia adquiere un inmenso poder, se convierte en un elemento desintegrador hasta el punto de que el propio Secretario General del Partido, Fidel Castro, lo reconoce como el único capaz de destruir a la “revolución”. Esto lleva de la mano el hastío general, la pérdida definitiva de la paciencia popular, la toma de conciencia colectiva de que las cosas no pueden seguir como están, el convencimiento de que hay que cambiar aunque todavía no haya una clara visión de hacia dónde. Se critica y se discute en las calles, en los centros académicos y culturales y hasta en las reuniones del Partido.

Por si fuera poco, en los últimos años se han ido fortaleciendo, dentro del propio Partido, varias corrientes a favor de cambios mucho más radicales para poner término al actual modelo de centralismo de Estado sobredimensionado, un sistema diametralmente opuesto a lo que el término originalmente designaba. Todas estas tendencias contestatarias dentro de las organizaciones políticas y de masas, en los centros académicos y en los medios culturales, representan para el viejo liderato, el verdadero frente enemigo, el más peligroso de todos, más que la disidencia, más que el imperialismo y las llamadas organizaciones contrarrevolucionarias de Miami, porque se desarrollan en los marcos de la legalidad establecida por el propio régimen, manteniendo posiciones de izquierda y gozando de cierto prestigio dentro de la intelectualidad oficialista, mientras que la disidencia, con toda su receptividad internacional, es mantenida a raya en un rincón marginal de la sociedad, si bien es cierto que los últimos acontecimientos –la muerte de Orlando Zapata, la huelga de Fariñas y las marchas de las Damas de Blanco- contribuyeron a acelerar una toma de conciencia dentro de esos estamentos legales. De todas esas corrientes internas sólo dos han logrado un lenguaje articulado y coherente dirigido no sólo a criticar las aberraciones del actual modelo, sino a presentar, en varios blogs, propuestas concretas de reformas: una a favor del socialismo democrático y otra del socialismo libertario, solo diferenciables por el grado en que conciben el desmantelamiento del Estado, pero muy coincidentes en el objetivo de lograr, para los trabajadores, todo el poder político y económico mediante el sistema autogestionario y de estructurar las bases de una sociedad realmente participativa.

¿Entonces por qué la dirigencia histórica ha aceptado, finalmente, convocar el Congreso? Primero por las presiones de su propia militancia para poner término a una dilación ya sin justificación posible. Segundo, por recuperar una legitimidad seriamente resquebrajada por la incapacidad para dar soluciones efectivas –por supuesto, siempre dentro del modelo de Estado centralizado-, a las urgentes necesidades económicas de la población y a las aspiraciones de una juventud ansiosa por disfrutar derechos elementales que son normalmente respetados en cualquier país del mundo. Tercero porque ya venían preparándose desde hace años moviendo “fichas” en las estructuras directivas del Partido –algo para lo cual, supuestamente, ya no tenían autoridad moral sin un congreso que los legitimara-, con el pretexto de ir creando el inevitable relevo generacional, pero con el real propósito de alterar a su favor una peligrosa correlación de fuerza. Y cuarto, por la necesidad de una aprobación oficial de las reformas económicas anunciadas y así contrarrestar una ola de críticas desde los dos extremos del espectro partidista, es decir, desde la ortodoxia intransigente hasta la izquierda contestataria y renovadora.

La alta dirigencia está ya plenamente consciente de que el modelo no puede continuar tal y como ha existido hasta ahora, pero al mismo tiempo pretende una estructura que le permita mantener todo el control posible. Al anunciar la cooperativización de pequeñas unidades del Estado y la conversión de más de un millón de trabajadores del Estado en “cuentapropistas”, se presentan como proponentes del principio del fin del modelo monopolista de Estado y el comienzo de un proceso de verdadera socialización. ¿Hacia dónde vamos realmente? Lo lógico sería que el Estado redujera en lo posible los impuestos –e incluso eliminarlos totalmente hasta que los nuevos proyectos despeguen- para estimular el desenvolvimiento tanto de cooperativas como de microempresas, dictar leyes para garantizar el usufructo permanente de las tierras entregadas o del control de los centros cooperativizados por quienes laboran en ellos, eliminar todas las trabas burocráticas absurdas, y, sobre todo, permitir el acceso a losprogramas internacionales de microcréditos.

En lugar de todo esto lo que se concede a los cuentapropistas es el derecho a contratar empleados (por lo cual, en realidad, se les está proponiendo abandonar el cuentapropismo para convertirse en pequeños empresarios capitalistas) en vez de propiciar una verdadera propiedad socialista complementando esta concesión con medidas que incentiven relaciones autogestionarias. En el caso de las hectáreas entregadas en calidad de usufructo, 70 por ciento de la producción tiene que venderse al Estado a precios fijos muy por debajo del que se vendería en un mercado libre y estos trabajadores no tienen derecho a construir viviendas que les permitan mantenerse en el cuidado permanente de los cultivos[3]. En caso de no poder el productor cumplir con su compromiso con el Estado, el usufructo puede ser revocado, lo cual desalienta la inversión y el trabajo por el riesgo que se corre. Como consecuencia de todo lo anterior, al cabo de dos años el 54 por ciento de las tierras repartidas a los trabajadores agrícolas aún permanecen ociosas, y al cierre del primer semestre de 2010, los productos alimenticios del agro cayeron un 10 por ciento en relación a la producción del 2009 en igual período[4]. Las condiciones de estos productores agrícolas, por cierto, contrastan notablemente con las garantías para tierras entregadas en arriendo a empresas extranjeras –en algunos casos para campos de golf-, cuyos plazos se extienden hasta 99 años[5]. En el otro ángulo, el Ministro de Economía, Manuel Murillo, declaró a un grupo de periodistas en el Palacio de las Convenciones previo a una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que no se podía hablar de reformas. “Nosotros estamos estudiando una actualización del modelo cubano”. Agregó que se mantendrá el modelo de “planificación centralizada”, y enfatizó refiriéndose a la supuesta cooperativización: “no vamos a entregar la propiedad”. Y más tarde, durante un seminario para debatir las reformas, reiteró que el Estado no ha cedido estas propiedades a los trabajadores: «No hay reforma, es una actualización del modelo económico. Nadie piense que vamos a ceder la propiedad, la vamos a administrar de otra forma», es decir, una especie de arrendamiento, lo que hacían los antiguos terratenientes con parcelas de sus latifundios[6]. Por su parte, Fidel, en sus charlas con los estudiantes durante la cual respaldó la reforma impulsada por Raúl, agregó que, no obstante, “el Estado debe fortalecerse aún más”.Y todo esto en un momento en que se están eliminando o reduciendo casi todos los servicios sociales que permitían hablar de la existencia de un socialismo en Cuba.

¿Hacia dónde, entonces, apuntan los cambios? Tal parece que a un capitalismo regido y regulado por un Estado centralizado y poderoso. ¿Y qué recuerda esto? A mí, particularmente, unas recientes palabras del Presidente del Parlamento Cubano, Ricardo Alarcón, en ocasión de su encuentro con un dirigente chino: “Cuba está preparada para aprovechar la experiencia de desarrollo en reforma y apertura de China” [7]. Asimismo, en su encuentro con los estudiantes, Fidel enfatizó: “Vale la pena estudiar a China. China no es Estados Unidos, está luchando contra el sistema impuesto por Estados Unidos, pero (allí) el que rige es el estado, no son las transnacionales” [8]. Pero como quiera que sea, en lo esencial, de lo que se trata es de que el poder de esa dirigencia se mantenga inconmovible y que los trabajadores y el pueblo continúen sin tener participación real en las decisiones, esto es, hacer cambios para que todo siga igual, para que nada fundamental cambie. Lo trágico de todo es que lo que se está llevando a cabo es una terapia de choque peor que la realizada por políticos neoliberales tan criticada antes -como también fue criticada muy acerbamente la reforma china a fines de los 70-, peor porque las medidas se toman muy tardíamente como para poder contener lamentables conflictos sociales que ya acechan al doblar de la esquina.

La alta dirigencia lo sabe. Las últimas compras en armamentos fueron equipos antimotines, y el ejercicio estratégico Bastión 2009 tenía como fundamental objetivo, según el General de División Leonardo Andollo, contrarrestar la actividad subversiva del enemigo supuestamente “encaminada a provocar desorden social e ingobernabilidad” [9]. Los cuerpos antimotines, con sus bayonetas caladas, cascos con viseras y sus lanzagranadas lacrimógenas, se mostraron por primera vez el pasado mes de marzo en Jagüey Grande como medida disuasoria ante la protesta de los estudiantes paquistaníes de Medicina. Pero en este caso se trataba de estudiantes extranjeros con la opción de regresar a su país. En la población cubana hay una carga mayor de impaciencia prolongada sin posibilidad de opciones. ¿Hasta qué punto tienen conciencia de la magnitud del peligro? La protesta masiva de 1500 jóvenes rompiendo lunetas y gritando consignas antigubernamentales días atrás en el teatro Camilo Cienfuegos de Santa Clara, no fue simplemente por no poder ver el juego entre el Real Madrid y Barcelona, sino porque ellos sólo poseían pesos cubanos que de nada le sirvieron mientras otros pudieron abonar los dólares que en el bar aledaño les permitía disfrutar del partido ante una pantalla grande. Es decir, en el fondo lo que había –lo que hay- es una gran carga de frustraciones, algo muy peligroso, porque se empieza rompiendo las butacas de un teatro y se termina arrastrando gente por las calles. Y para colmo, durante muchos años se nos ha dicho que la violencia es partera de libertades.

Infoburo@AOL.com

[1]Mauricio Giuliano: El Caso CEA, Miami, Florida, 1998..

[2]Bill Clinton:: Mi Vida, Nueva York, 2004, pag. 813.

[3] Datos suministrados por Armando Nova, del Centro de Estudios de la Economía de la Universidad de La Habana a la emisora Radio Rebelde, Habana, 21 de septiembre, 2010.

[4] Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

[5] Decreto Ley 273 firmado por Raúl Castro el 19 de julio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial el 26 de agosto de 2010.

[6] EFE, La Habana, noviembre 15 del 2010.

[7] Agencia de Prensa EFE..

[8] CUBADEBATE, noviembre 18 del 2010.