El Gobierno de Cuba comenzará el lunes con un proceso de seis meses para despidir a medio millón de trabajadores que sobran en el Estado, que augura dificultades en el pasaje de los cesantes a un incipiente sector privado.

«La cesación laboral de muchos será un proceso de readaptación que tendrá una dificultad especial», señaló el viernes el cardenal Jaime Ortega, quien admitió que ‘‘hay preocupación; yo diría que hay un poquito de expectativa».

No obstante, el prelado percibe que «hay un giro» en los cambios que está aplicando el Gobierno, que «es en sí mismo positivo».

Al tratar de calmar las inquietudes, el diario oficial Granma admitió que «es cierto que podríamos encontrar núcleos familiares afectados en el transcurso de la aplicación de esta medida, pero al lado de ellos estará la Revolución humanista, evaluando y proponiendo soluciones, acordes con sus posibilidades reales».

Aún así, Clara, una ingeniera de 39 años, y su esposo Pedro, de 42, están inquietos ante la anunciada fusión de tres de las empresas del Ministerio de Transporte donde trabajan.

«Ella es la que gana más y si la dejan fuera tendríamos que vivir con sólo mi salario hasta que ella encuentre algo, no sé dónde, no sé qué puede hacer», expresó Pedro a la AFP.

El Gobierno estima que con la eliminación de poco más de un millón de plazas -500.000 de las cuales entre octubre a marzo de 2011- de las 4,2 millones existentes en empresas e instituciones estatales, imprimirá mayor productividad y eficiencia a la economía, y con lo que ahorre prevé aumentar salarios.

Según el plan del presidente Raúl Castro, unos 465.000 de los cesantes deberán ser absorbidos por el sector no estatal, por lo que se otorgarán licencias para pequeños negocios -existen apenas 144.000- en 178 oficios y cooperativas urbanas de producción de bienes y unos 40 servicios, que deberán pagar varios impuestos.

A fin de promover la mediana empresa, no solo la pequeña, el Gobierno también autorizó la contratación libre de fuerza de trabajo -antes solo permitía familiares-, que también estará gravada.

Las medidas fueron recibidas por muchos cubanos como opción de empleo y de mejorar su nivel de vida pues el Estado paga 20 dólares de salario al mes, pero otros se muestran pesimistas por el peso que implicará el pago de tributos y la falta de acceso al crédito, aún a estudio del Banco Central.

«No se habla de otra cosa en la calle, la gente está preocupada», dijo María, una recién jubilada que escuchó comentarios en la bodega donde compra la canasta básica.

Intentando calmar inquietudes, miles de asambleas se celebraron esta semana en la isla: los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) explicaron en los barrios la necesidad de la medida y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, única) lo hizo en los centros laborales.

En las reuniones en los centros laborales se aprobaron los Comité de Expertos, un grupo de empleados que sugerirá a la administración los «idóneos» para las plazas en el Estado según eficiencia, productividad, experiencia y preparación demostrada, y quiénes deben quedar «disponibles».

«El tema medular radica en el cómo se apliquen esas transformaciones: si se hacen desde posiciones tecnocráticas, sin lograr un consenso real que tenga en cuenta, en todo lo posible, los intereses legítimos de los diversos sectores sociales, pueden ser letales para el proyecto socialista», opinó el académico José Vidal.

El trabajador que quede «disponible», quien podrá apelar si ve violaciones en el proceso -supervisado por el gobernante Partido Comunista-, recibirá propuestas en plazas vacantes en otras empresas estatales, pero sobre todo en la agricultura y la construcción.

Los cesantes recibirán un mes de salario como compensación y aquellos que no logren insertarse en el sector no estatal el 60%, según su antigüedad, con un tope hasta de cinco meses los que tengan más de 30 años de trabajo.