En: Opinión
23 Nov 2010En días pasados hemos sido testigos de un intercambio de opiniones entre diversos publicistas sobre la inclusión de ciudadanos que han cometido actos violentos dentro del grupo de beneficiados en el actual proceso de excarcelaciones de presos políticos cubanos. Unos han criticado esa medida, mientras que otros justifican con vehemencia a los autores de tales hechos.
Política y conciencia
Por: René Gómez Manzano
Abogado y Periodista Independiente
En días pasados hemos sido testigos de un intercambio de opiniones entre diversos publicistas sobre la inclusión de ciudadanos que han cometido actos violentos dentro del grupo de beneficiados en el actual proceso de excarcelaciones de presos políticos cubanos. Unos han criticado esa medida, mientras que otros justifican con vehemencia a los autores de tales hechos.
Al respecto creo que hay que decir, ante todo, que ese tipo de artificio no resulta inusual para el régimen castrista. Durante el proceso seguido al Grupo de los Cuatro, mis hermanos de causa y yo experimentamos en carne propia ese género de manipulación: Después de aguardar durante año y medio para que se ventilara nuestro caso, pudimos ver cómo nuestro juicio era intercalado entre los de dos centroamericanos procesados porque, mediante pago, colocaban bombas en centros turísticos.
El mensaje subliminal, aunque bastante burdo, resultaba claro y fácil de captar para el cubano de a pie, que no tiene posibilidades de mantenerse muy al tanto de los matices de las acusaciones que el régimen de La Habana formula contra sus opositores. Como los tres juicios tuvieron lugar con pocos días de diferencia entre uno y otro, el ciudadano común probablemente pensó: “Esta semana juzgaron a tres grupos de terroristas”.
Esto no debe causarnos extrañeza, máxime cuando hace algunos días, en una información redactada por un periodista extranjero acreditado en Cuba —que sí se supone que esté al tanto de los detalles de las noticias originadas en nuestro país—, leí que la víspera habían sido liberados tres ciudadanos sancionados por la comisión de hechos violentos.
Lo irónico del caso es que uno del trío era el abogado agramontista pinero Rolando Jiménez Pozada, único cubano reconocido como preso de conciencia por la prestigiosa organización Amnistía Internacional que no pertenecía al Grupo de los 75. Sucedió, pues, con el fraterno Rolandito, lo mismo que con los autores de La Patria es de todos.
Me cuento entre los que no satanizan a los que usan métodos violentos para enfrentarse al gobierno castrista. Además, no tengo reparos en censurar a los personeros de este último que hacen ese tipo de imputaciones contra otros cubanos, cuando el hecho irrebatible es que los jerarcas del régimen emplearon iguales métodos para trepar al poder, y además no han creado cauce legal alguno para que el pueblo pueda removerlos del ejercicio de éste.
Pero lo anterior no me impide guardar la distancia de esos combatientes, y esto por el mero hecho de que los medios de lucha que ellos emplean no son los que utilizamos mis hermanos de ideales y yo. Nosotros recurrimos a los métodos pacíficos guiados por nuestras convicciones y tomando en cuenta el hecho obvio de encontrarnos, por así decirlo, metidos en la boca del lobo.
Por lo demás, creo que nadie debe ofenderse porque alguien señale que hay diferencias entre quien fabrica una balsa para huir de la Isla y quien, con igual propósito, intenta apoderarse de un barco o un avión, llegando incluso a tomar como rehenes a pasajeros y tripulantes inocentes, amenazando con pasarlos a cuchillo o lanzando granadas de mano. Como consecuencia de las arbitrarias leyes dictadas por el régimen castrista, lo primero se considera un delito solo en Cuba, mientras que de lo otro —obviamente— no podemos decir lo mismo.
Pedro Pablo Álvarez Ramos es ex-preso de conciencia de la Primavera Negra de 2003, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC) y miembro del grupo gestor "Proyecto Varela".