La encrucijada

El gobernante cubano, tras anunciar una política de drásticas medidas de ajustes y recortes, incluyendo el despido a corto plazo de medio millón de trabajadores estatales que luego alcanzarían el millón trescientos mil, comenzó primero a demorar la aplicación de esta terapia de choque, y ahora, tras reconocer el retraso de ese proceso, declara que las medidas no pueden someterse a «plazos inflexibles» y anuncia que, por su «complejidad», requerirían no menos de cinco años su completa implementación. ¿Qué factores han llevado, primero a esas vacilaciones dilatorias, y luego a este plazo más conservador?

•  Primero porque en medio de una crisis permanente por el agotamiento del actual modelo, a lo que se añaden los estragos de algunos desastres naturales, los efectos de la depresión internacional y los recortes de beneficios sociales –como los comedores obreros y el subsidio de los pocos alimentos básicos, entre otros–, despedir a más de un millón de trabajadores sin garantías de poder encontrar espacios en el sector privado, significaba generar un clima social explosivo.

•  A esto se añade el hecho de que con la gran mayoría de una población cuyo único medio de sustento es una bolsa negra que a la vez se abastece del desvío de mercancías de almacenes del Estado, el despido de más de un millón de empleados estatales privaría a la población de gran parte de esos suministros, lo cual agravaría aún más su desesperante situación.

•  Por otra parte, las reformas anunciadas han tenido como reacciones, en todo el país, las severas críticas o el rechazo de sectores que no pueden ser catalogados de opositores o disidentes, con numerosos señalamientos que ponen al desnudo las consecuencias nefastas de varias de esas medidas y proponiendo otras que implicaban soluciones reales al conflicto a costa de debilitar el poder de la burocracia y otorgar mayores facultades a los trabajadores.

Sin embargo, la necesidad de la reforma se presentaba con un sentido de urgencia, algo inaplazable, de vida o muerte: «Rectificamos pronto al borde del precipicio o nos hundimos», anunció el general el pasado 19 de diciembre. Estas dos actitudes contradictorias nos llevan a concluir que la alta dirigencia se encuentra en una encrucijada. Sabe que debe hacer cambios profundos urgentemente para salvar eso que aún llaman «revolución», pero al mismo tiempo, el proyecto de reformas pretende mantener la esencia de ese modelo fracasado –es decir, el régimen de monopolio de Estado centralizado–, al conceder, con una mayor autonomía de las empresas, más poder a la burocracia a la que paradójicamente se culpa de ese fracaso por su principal responsabilidad en el alto grado de corrupción. Al mismo tiempo, para evitar una posible explosión social, se requieren concesiones que requerirían la renuncia a parte del poder absoluto que hasta entonces han estado ostentando, lo cual no significa, necesariamente, un retorno al sistema capitalista liberal. Algunas de estas concesiones sugeridas por los críticos reformistas del sistema son las siguientes:

•  Reducir las cargas fiscales y excesivas regulaciones que obstaculizan el cuentapropismo y el cooperativismo.

•  Que las cooperativas no tengan que pagar, además de los impuestos, una renta por el arriendo de los centros laborales concedidas por el Estado.

•  Entregar las empresas no rentables «en proceso de liquidación», a los trabajadores de esas empresas para su administración.

•  Dar plena participación a los trabajadores en todas las decisiones que les competen, principalmente en la dirección y ganancias de todos los centros y empresas, ya sea mediante la autogestión o mediante la cogestión trabajadores-estado.

•  Permitir a los propios trabajadores decidir si sobran empleados, luego de evaluar si pueden colocarlos en otras ocupaciones aleatorias.

•  Establecer garantías jurídicas al sector privado, cuentapropista y cooperativo nacional.

•  Eliminar las prohibiciones a los ciudadanos sobre el acceso a internet, a invertir en cualquier actividad o sector económico y a comprar autos o casas.

•  Permitir a un por ciento considerable de la población emigrada, apoyar con su trabajo y sus remesas a la sobrevivencia de sus familias, y a desempeñar un papel importante en la reconstrucción nacional, aportando sus experiencias, contactos y dinero, y avanzar así hacia la necesaria reconciliación de todos los cubanos de buena fe.

•  Evitar que los inversionistas se enriquezcan a costa del desamparo de los trabajadores cubanos concediendo a éstos protección jurídica, sindical, de expresión, asociación, prensa, y hasta de huelgas y protestas públicas.

Es, ciertamente, demasiado tarde para pensar en recorrer largos caminos como los de China y Viet Nam, que demoraron más de veinte años, cuando ya el juicio de la historia aguarda al doblar de la esquina y sólo les queda, en el ocaso de sus vidas, tratar de salvar lo poco de honra que pueda quedarles entregando el poder a quien siempre debió tenerlo: el pueblo.