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25 Feb 2011El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución que solicita a la Asamblea General de Naciones Unidas suspender la participación de Libia en dicho organismo, debido a la violenta represión ejercida por el régimen de Muamar el Gadafi contra el levantamiento popular, informó EFE.
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La decisión final está en manos de la Asamblea General de Naciones Unidas. La suspensión requiere una mayoría de dos tercios.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución que solicita a la Asamblea General de Naciones Unidas suspender la participación de Libia en dicho organismo, debido a la violenta represión ejercida por el régimen de Muamar el Gadafi contra el levantamiento popular, informó EFE.
«Recomendamos a la Asamblea General de Naciones Unidas que, en vista de las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades de Libia, que consideren la aplicación de la medida OP8 de la resolución 60/251», referente a la suspensión de un Estado por mayoría de dos tercios, reza el texto.
La resolución fue aprobada por consenso, por lo que no hizo falta realizar una votación, aunque Cuba y Venezuela intervinieron para afirmar que la decisión establecería un peligroso precedente.
Otros países que tomaron la palabra omitieron referirse a la suspensión, pero condenaron la represión contra la población libia.
La resolución había sido presentada por la Unión Europea y contó con el apoyo explícito 61 naciones.
El texto es el resultado de la sesión extraordinaria que tuvo lugar hoy en el Consejo para tratar sobre las violaciones de los derechos humanos contra la población libia por el régimen de Gadafi.
Al iniciar la sesión, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reveló que había recibido informaciones que indicaban que «miles (de personas) pueden haber sido asesinadas o heridas» durante la represión del levantamiento popular en Libia.
«Las fuerzas libias están atacando a manifestantes y transeúntes, bloqueando barrios y disparando desde los techos. También bloquean ambulancias para que los heridos o muertos sean abandonados en las calles», relató la Alta Comisionada en su intervención.
Por su parte, la delegación libia, ausente durante la mañana, apareció al reiniciarse la sesión de la tarde para anunciar que abandonaba al régimen de Gafadi y se convertía en «representante del pueblo libio».
La resolución incluye el envío de forma urgente de una comisión internacional independiente, elegida por el presidente del Consejo, «para investigar las supuestas violaciones de los derechos humanos en Libia, establecer los hechos y las circunstancias de dichas violaciones y crímenes perpetrados, y cuando posible, identificar a los responsables».
De hecho, la resolución especifica la necesidad de exigir responsabilidades a los ejecutores de la violencia, «incluyendo las fuerzas bajo control gubernamental».
La comisión de investigación deberá redactar un informe que tendrá que ser presentado en la próxima sesión ordinaria del Consejo.
El texto «condena firmemente las recientes violaciones muy graves cometidas en Libia», pide a las autoridades de Trípoli que pongan fin a la violencia inmediatamente, solicita que respeten todas las libertades fundamentales y que se abra un proceso de diálogo sobre reformas políticas.
La resolución menciona ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios, la detención y tortura de manifestantes pacíficos, «unas violaciones que si son generalizadas y sistemáticas pueden considerarse como crímenes contra la humanidad».
El texto pide, además, que se liberen todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente en los últimos días, y que se permita el acceso sin restricciones al país a las agencias humanitarias de Naciones Unidas.
Esta ha sido la primera vez que un país miembro del Consejo (Libia se incorporó a este órgano en 2010 por un periodo de cuatro años) es examinado en una sesión especial, que se convocan únicamente ante graves violaciones de los derechos humanos o una emergencia humanitaria en un determinado país.
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El órgano debe aprobar este viernes una resolución sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Gadafi.
La expulsión de Libia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU divide a los miembros de dicho organismo, que el viernes deben aprobar una resolución sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Muamar el Gadafi, informó EFE.
Gran Bretaña, Francia, México y Estados Unidos, cuatro de los 47 miembros que integran el Consejo, presionan al resto de países para que el proyecto de resolución, que aprobará en sesión extraordinaria, incluya explícitamente la expulsión de Libia del organismo.
Al tiempo, esta propuesta encuentra muchas reticencias por parte de algunos miembros, como Cuba o la Unión Africana.
«Es esencial que esa exclusión se concrete, no se puede tolerar que un jefe de Estado que masacra a su propia población esté al mismo tiempo representado en un órgano que vela por el respeto de los derechos humanos», dijo a EFE James Lynch, portavoz de Amnistía Internacional.
En lo que sí parece haber consenso, según las mismas fuentes, es en pedir a la ONU la creación de una comisión que investigue de forma «independiente, imparcial y creíble las violaciones de los derechos humanos cometidas en Libia, para que sus responsables respondan plenamente por sus actos», según reza el texto.
Para convocar una sesión extraordinaria del Consejo se necesita contar con el apoyo de un tercio de sus 47 miembros, y las resoluciones se aprueban por mayoría simple.
El proyecto de resolución menciona ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios, detenciones y torturas de manifestantes pacíficos, «unas violaciones que, si son generalizadas y sistemáticas, pueden considerarse como crímenes contra la humanidad».
Además, el proyecto «condena firmemente las recientes violaciones muy graves cometidas en Libia», pide a las autoridades de Trípoli que pongan fin a la violencia inmediatamente, solicita que respeten todas las libertades fundamentales y exige que se abra un proceso de diálogo sobre reformas políticas.
Pedro Pablo Álvarez Ramos es ex-preso de conciencia de la Primavera Negra de 2003, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC) y miembro del grupo gestor "Proyecto Varela".