En Cuba: «la contabilidad no es confiable»

Foto: Martha Beatriz Roque Cabello

Los siguientes análisis de dos prestigiosos economistas cubanos, ex – preso políticos de conciencia, nos dan una visión muy real de las actuales circunstancia que están llevando al país a la ruina. El régimen en su afán de mantener el poder a toda costa le impone al pueblo cubano altas cuotas de sacrificios. Cada vez les exige mas esfuerzos a los trabajadores, mientras ellos ( la nomenclatura) malgastan recursos, en propaganda y en mantenerlos aislados de la comunidad mundial.

A continuación los artículos.

Privatización
Por: Martha Beatriz Roque Cabello
Ciudad de La Habana, 1ro de febrero de 2010.

Cuando se anunciaron los resultados económicos del año 2009, las cifras no pudieron ser más incongruentes, una economía que hizo crecer su PIB (Producto Interno Bruto) en un 1,4%, pero que sin embargo la productividad del trabajo mostró un saldo negativo de 1,1%. Es por eso que algunos especialistas del patio, se niegan a realizar análisis de la situación existente en el país, según los números que muestra el régimen, que son increíbles si se agrega que más del 70% de las empresas no registran sus operaciones. Aunque  el gobierno se afane en decir, que “la contabilidad no es confiable”, dentro de la verborragia virtual, que usa para justificarlo todo, así ha definido la falta de controles. Quizás los tecnócratas gubernamentales, como Samuelson ha muerto, piensan reescribir su libro de Economía.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, explicó que en la estructura de empleo del año 2005 correspondía el 48% de la fuerza laboral al sector presupuestado y el 52% al empresarial; en 2010 la proporción estaba invertida, además el 20% de los empleados en las empresas, corresponde a trabajadores administrativos.
Dentro de las complejidades que se desarrollan en la economía, hay que razonar sobre el fenómeno de la “privatización”, independientemente que la Constitución prohíbe el regreso al capitalismo, en la práctica es otra cosa lo que está ocurriendo.
Se pueden considerar tres tipos de ella:
– la privatización inescrupulosa que comienza el Estado
– la privatización de los medios del Estado por los trabajadores
– la privatización de los medios del Estado por el pueblo.
Pueden analizarse algunos ejemplos:
En el primer grupo se encuentran los taxistas. Recientemente el gobierno entregó una cantidad de autos de uso de “Rent a Car” en calidad de arrendamiento a un conjunto de chóferes, diferenciándolos del resto con el techo pintado de blanco. Las condiciones en que se otorgaron estos autos, son parecidas a un embudo: “lo ancho para mí, lo estrecho para ti”. Diariamente, sin excepción, deben pagar una recaudación de 39 cuc (pesos cubanos convertibles) y 40 pesos en moneda nacional y 3 cuc a la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria), que no es más que el mismo Estado. Recibirán la posibilidad de compra de 20 litros de gasolina especial –diario- a un precio de 80 centavos de cuc (16 cuc) y de adquirir piezas tales como el motor, las gomas y el diferencial. En los primeros tiempos la rotura de los carros será poca, pero en la medida que los rueden comenzarán los problemas, y la reparación corre por cuenta del taxista. Además tendrán que usar el subempleo, contratando otro chofer, porque no pueden descansar algún día, el pago es sin receso. Un trato draconiano.
En el segundo caso los ejemplos más evidentes están concentrados en los servicios y la gastronomía, algunos gastos los asimila el Estado, pero no todas las ganancias. Si un hombre va a hacerse un corte de pelo, según la lista oficial de precios, le costará centavos en moneda nacional, pero en la práctica, todo el que utiliza este servicio sabe que debe pagar 10 pesos. ¿Por qué ocurre esto? Pues el barbero tiene que poner a disposición de su cliente las herramientas de trabajo, los paños, el talco, el champú, la crema de afeitar, en fin que la Empresa encargada de ello, lo que hace es recaudar el dinero, y poco se ocupa de los abastecimientos, lo que implica que el trabajador debe pagarlos de su peculio particular y por lo tanto privatiza un servicio estatal.
Es vox pópuli,  el hecho de la cafetería de Monte y 10 de Octubre, la que permanecía en estado deplorable y su administrador la arregló, pero al parecer se le fue la mano, porque  pensó ciertamente que toda era de su propiedad, sin darle una participación al Estado y lo despidieron, quedando allí la inversión que día a día se deteriora. Y es que se le exige a los que dirigen los servicios de gastronomía, también bodegas, reparadoras de todo tipo, etc., que decoren el lugar, pongan manteles en las mesas, lo tengan limpio, pero  los suministros son mínimos. La situación económica, acompañada de la insuficiente organización y control de las empresas, les permite privatizar una parte del trabajo, y el gobierno se hace el que no ve.
Esta categoría la conforman también los inspectores estatales, destinados a aquellos lugares en que existen cuentapropistas. Estos inspectores trabajan para el Estado, pero privatizan el servicio, exigiendo a los  comerciantes con pequeños negocios personales, el pago de un “impuesto” para no cerrarles la actividad. Se van para la casa con los bolsillos llenos de dinero, sin el menor de los escrúpulos.
En el último grupo está el pueblo, que no quiere contribuir con el Estado y privatiza algunos servicios, el más revelador “el pago de los ómnibus urbanos”. Hay una cantidad bastante significativa de pasajeros que no introduce el dinero en la alcancía de la “guagua”, pero sin dejar de pagar, se lo entregan al chofer, prefieren que él perciba el ingreso, privatizando el servicio. Existe mal ánimo ciudadano contra el Estado y esta es una forma de manifestarlo: “no dándole el dinero al Comandante”.
En conclusión, por un lado el gobierno busca la forma de resolver la ineficiencia económica que genera el sistema, por otro las personas necesitan ingresos extras que le permitan elevar el poder adquisitivo;  y por su parte la sociedad le pasa la cuenta al sistema, por el cansancio que genera.

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¿COMIENZA LA RACIONALIZACION LABORAL EN CUBA?

La Habana, 1 de febrero de 2010,
Oscar Espinosa Chepe,  Economista y Periodista Independiente

El Presidente Raúl Castro y  Marino Murillo Jorge, Ministro de Economía y Planificación,  puntualizaron que el tema del empleo constituiría  “una de las prioridades el próximo año, considerando el bajo nivel de productividad existente,”  en sus discursos en la Asamblea Nacional del Poder Popular el 20 de diciembre pasado.
En la intervención de Murillo Jorge sobre los resultados económicos de 2009 expuso que la productividad del trabajo cayó 1,1% con respecto al año anterior, lo que debe ser superior teniendo en cuenta el sobredimensionamiento en los cálculos del PIB cubano.  Achacó el problema al “subempleo y exceso de las plantilla en la mayoría de las  actividades del país.”
La mala utilización de la fuerza de trabajo es un asunto viejo.  Los centros laborales están sobrecargados de personal, como resultado del intento del gobierno de reducir los niveles del desempleo visible, con empleos innecesarios.  Esto ha ocasionado muy baja productividad del trabajo, elevada ineficiencia, bajos salarios, la imposibilidad de reorganizar los centros laborales y aplicar medidas estimuladoras del talento y la creatividad.  Esos métodos han perseguido fines políticos y de propaganda, con colosales perjuicios para la economía.
Según estudios  de la CEPAL publicados en el libro “La Economía Cubana, Reformas Estructurales y Desempeños en los 90” -escrito con la participación de funcionarios cubanos- tomando como base la  productividad existente en 1989, entre 1994-1996 las tasas de desempleo equivalente estuvieron en un rango del 30,0%.  Este porcentaje proviene de la combinación de los niveles de desempleo visible,  más  la subutilización del trabajo con referencia a un año base, en ese caso 1989, un año con una productividad en modo alguno relevante en comparación con los estándares internacionales de aquel momento.  Eso significa que en los años señalados, la tercera parte de la fuerza de trabajo disponible no se utilizaba o era empleada innecesariamente.
Si el análisis se hubiera hecho con referencia a la productividad del trabajo en países de desarrollo medio muy probablemente   la tasa de desempleo hubiera sido cercana al 50,0%.  En términos reales ha habido cierta recuperación de la economía en relación con los años citados.  Sin embargo, no se ha salido del Período Especial. Por ejemplo, la industria manufacturera en el 2008 distaba de  los niveles de 1989 en un 53,9%, por el volumen físico logrado de acuerdo al origen de los productos, según  el Anuario de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Un escenario similar está presente en otros decisivos sectores, como es el agropecuario.
Aunque el gobierno anunció una tasa de 1,7% de desempleo en 2009, casi seguramente el más bajo del mundo, en momentos cuando la crisis mundial azota con gran fuerza la economía cubana, se sabe ampliamente por simple observación en las calles, que el grado de desempleo es sustancialmente mayor por la cantidad de jóvenes que deambulan en horas laborales, mientras muchas actividades languidecen por falta de trabajadores debido a la carencia de estímulos y la existencia de salarios que no alcanzan para vivir, como ha reconocido el Presidente Raúl Castro -427 pesos en 2009, como salario medio mensual,  equivalente a 21.35 US dólares, mientras un kilogramo de leche en polvo cuesta 6.55 US dólares en las tiendas estatales que ofertan los artículos en divisas.
La problemática del exceso de personal es  debatida nacionalmente con mucha intensidad.  En un pleno del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), reseñado por el periódico Trabajadores el 25 de enero, se reconoció que en un estudio realizado en hospitales y policlínicos, donde labora el 74,0% de los trabajadores de la Salud, no son necesarios más de 22 000.  Asimismo, otro análisis indica que en el sector tabacalero se debe reubicar 7 000 trabajadores innecesarios. En la actividad azucarera la situación es similar, con Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) en las cuales el número de trabajadores indirectos es considerablemente alto. Se da el caso de que en algunas los custodios representan más del 10,0% del colectivo, mientras escasean los obreros agrícolas.
Así se podría hacer una larga lista de centros de trabajo donde la irracionalidad en el empleo ha sido la norma, lo que unido a políticas nefastas para seleccionar a los cuadros de dirección con prioridad absoluta al  clientelismo, sin considerar los conocimientos, la honestidad y la capacidad, han llevado a la situación de crisis laboral y económica en general existente.
Ahora que se reconoce el pésimo uso de la fuerza de trabajo, -un factor que ha impedido la reorganización de los centros laborales, el estímulo a la eficiencia y bloqueado las medidas para incrementar la productividad, como la Resolución sobre el Pago de los Salarios según los Resultados y la relativa al Pluriempleo,- hay que estar consciente de que para resolver este peligroso asunto que asfixia la sociedad,  resulta indispensable una reforma radical de las estructuras  económicas y los conceptos que lo generaron, a través de una profunda descentralización que libere las maniatadas fuerzas productivas.
Cuando se analizan los elementos brindados en el pleno de la CTC surge el temor de que el reajuste de la fuerza laboral que se piensa realizar caerá sobre las espaldas de los trabajadores cubanos, de manera burocrática y mecánica sin tener en cuenta sus intereses. Es evidente la necesidad de revertir la actual situación, pero debe ejecutarse con medidas que permitan la incorporación a otras actividades acordes con sus posibilidades, y no impuestas desde arriba por quienes causaron los problemas.
Si se quiere que los trabajadores vayan a sectores urgentemente requeridos de mano de obra, habrá que crear estímulos y condiciones laborales dignas, comprendidos salarios adecuados.  Paralelamente, podría ayudar la liberación de las fuerzas productivas mediante la autorización del trabajo por cuenta propia, la creación de pequeñas y medianas empresas privadas, y poseer en propiedad tierra sin las actuales prohibiciones y obstáculos. A ello debe agregarse la privatización – individual o colectiva (cooperativas)- de chinchales y otros pequeños y medianos centros productivos y de servicios probadamente incontrolables centralmente. Paralelamente,  el Estado debe establecer políticas de precios, crediticias y fiscales para promover estas actividades, y no bloquearlas como hace actualmente. Esto permitiría, en una primera etapa, la organización y redimensionamiento laboral de las grandes empresas estatales, casi imposible de realizar ahora por el exceso de personal, así como la restructuración del aparato administrativo estatal para hacerlo considerablemente menor, efectivo, flexible y, sobre todo, mucho menos costoso.
Si se opta por la fuerza y la arbitrariedad para enfrentar un fenómeno generado por el propio gobierno, se crearía una peligrosa contradicción más para caldear la sociedad, que ya afronta suficientes riesgos.

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