El referéndum que nunca ha sido

El referéndum que nunca ha sido

Por: Mijaíl Bonito Lovio

Clausurado el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, con la coronación oficial de Raúl Castro al mando de la “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, ha pasado casi lo mismo que cuando se anunció hace unos años que los cubanos podían tener celulares. El mundo desea tanto que Cuba cambie que cualquier pequeño matiz es considerado un avance descomunal. También puede suceder que un país estatua, incluso cuando pestañea, simule movimiento. Mucho se ha hablado de la gerontocracia, de la mediocridad de los cambios, del asilo en el poder por otros diez años, pero poco se ha señalado de la omisión de las vías legales que ha realizado el gobierno y el propio PCC en su toma de decisiones.

Este Congreso del PCC realizado con más de una década de tardanza debatió los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Estos Lineamientos fueron “discutidos” por casi nueve millones de cubanos que según el propio Raúl Castro emitieron más de tres millones de opiniones. Luego, el propio Castro señala que: “…en el conjunto de participantes se incluyen, sin haberse definido con exactitud, decenas de miles de militantes…, que asistieron tanto a las reuniones de sus núcleos o comités de base como a las celebradas en los centros de trabajo o estudio y además en las comunidades donde residen. Es también el caso de quienes no militan y participaron en sus colectivos de trabajo y posteriormente en los respectivos barrios”. Los nueve millones se reducen según el cálculo en cuestión a una cantidad desconocida, pero bastante menor.

En el afán de legitimar dicho documento afirma que los resultados del debate constituyen “…una suerte de referéndum popular respecto a la profundidad, alcance y ritmo de los cambios que debemos introducir…”.

Una suerte de referéndum no tiene significado, ni jurídica ni políticamente, por dos razones básicas. Para dar validez jurídica al documento en términos de ejercicio democrático es indispensable someter el documento final, una vez concluido el Congreso del PCC a un referéndum real, según la Ley electoral cubana, donde los ciudadanos en capacidad de votar, decidan SI aceptan o NO los citados Lineamientos. Esto es indispensable porque los Lineamientos suponen cambios legislativos que abarcan desde la esfera impositiva hasta la previsión social, pasando por cambios de primera magnitud en la esfera de las relaciones jurídicas laborales. Es la Asamblea Nacional del Poder Popular la llamada a convocar este proceso.

Desde el punto de vista político suponer como “una suerte de referéndum” reuniones de opinión es solo una afirmación demagógica que invalida la legitimidad de los cambios. A muchos opositores y disidentes les atacaron verbalmente con frases como “esta discusión es para mejorar la revolución” y otras del mismo tenor cuando trataban de participar en las asambleas de sus barrios y las opiniones que clamaron por cambios de profundidad sistémicos como acceso al poder, respeto a los DDHH, eliminación de las permisos de entrada y salida, economía de libre mercado, elecciones libres y recambio en la dirección del país, fueron eliminadas de las actas de las reuniones donde ocurrieron. Discutir en centros de trabajo, donde se lleva a cabo un proceso de eliminación de cargos y despido masivo del personal, implica que muy pocas personas señalen puntos álgidos, so pena de engrosar el listado de cesantes.

El “centralismo democrático” que se traspola como principio de la estructura partidista a la sociedad, como forma del ejercicio de la sui generis democracia cubana, basado en discusiones de base social, que van informando las decisiones hasta que se validan en las altas esferas y se tornan vinculantes, no es más un ejercicio basado en la doble moral, el miedo social imperante y la restricción propia de un debate dirigido por el PCC a todo nivel en la sociedad y que además pasa por alto los mecanismos establecidos en la Constitución y las Leyes de la República.

Esto ya se vio con anterioridad en la respuesta del gobierno cubano al Proyecto Varela, cuando se declaró, constitucionalmente, el carácter irrevocable del socialismo y se trató de legitimar dicho acto con una discusión popular similar, sin hacer uso del llamado a referéndum.

Cuando se debate en una “suerte de referéndum”, se vive en esa “suerte de democracia”.