El contrato social comunista y los despidos masivos en Cuba

Satisfacer sus necesidades de primer orden no es solamente importante; sino que el hombre es ante todo fuerza productiva. Así pues el miembro de una sociedad de este corte, es parte de la misma en calidad de fuerza laboral. Y su contrato social consiste «simple y llanamente» en entregar -más bien regalar por medios coercitivos- su fuerza laboral al Estado, a cambio de que este último le garantice la satisfacción de sus necesidades básicas, primarias, (y acaso las no tan básicas y primarias).

Hasta aquí todo parece perfecto. Sucede no obstante que «la entrega de la fuerza laboral» adquiere un precio altísimo: la llamada economía planificada (recordemos la JUCEPLAN, Junta Central de Planificación, en nuestro caso) te deroga ipso facto todo derecho y libertad de hacer con tu cuerpo, capacidades, cualidades, facultades, utensilios, etc. lo que mejor te plazca. En cierto momento, el miembro de esta sociedad se da cuenta de que es presa del y está preso en el contrato social que con linda retórica le propusieron y él/ella aceptó (o más bien le obligaron a aceptar).

¿Cuándo nota el otrora productor autónomo, devenido en productor planificable y planificado, la encerrona en que ha caído? Lógicamente, cuando el Estado no puede satisfacerle las necesidades primordiales y al mismo tiempo este productor no es libre de utilizar su propia fuerza laboral para adquirir los mismos. Salir al mercado negro, a la economía informal, a «pugilatear», es una de las tantas maneras de anular tácitamente el contrato social establecido (léase, impuesto).

Pero a la larga, la contradicción creada por la escacez de bienes y beneficios y la falta de libertad del productor, lleva paulatinamente a que este último -dado el incumplimiento por parte del Estado de sus «obligaciones» acorde al contrato social- anhele recobrar el poder real sobre su fuerza laboral. Para lo que hará falta, en fin, un nuevo contrato social. Llegado pues el descontento popular a una masa crítica, la sociedad de este tipo colapsa.

La contradicción mencionada en el párrafo anterior entre productor y Estado, no solamente afecta al primero, sino que en igual medida al segundo. La decisión de los gobernantes castristas de cesantear a medio millón de trabajadores -con el fin disque de acabar con las plantillas infladas y tras la mámpara de un supuesto reordenamiento laboral- no es otra cosa que el reconocimiento público de que el propio Estado comunista se ha visto obligado, por las contradicciones económicas y políticas intrínsecas del sistema, a anular el tipo de contrato social que hasta ahora tenía suscrito con los trabajadores cesanteados.

No obstante, el hecho de que el régimen castrista reconozca a todas luces la inefectividad del sistema económico imperante y que no pueda garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, no significa que esté dispuesto a liberar, independizar la fuerza productiva, permitiéndole al individuo que haga uso de ella en concordancia con sus capacidades, etc. Todo lo contrario; las autoridades ofrecen en cambio un nuevo contrato social –un llamado sector privado sin propiedad privada ¡sic!- donde la fuerza laboral sigue maniatada al Estado por cadenas, así visibles como invisibles.