Desamparo como castigo

Los campesinos que no se sometieron a la cooperativización forzosa, en la inseguridad social.

El gobierno cubano explotó al campesino individual como mano de obra barata para, al final de su vida útil, desentenderse de él.

Según fuentes oficiales, existen más de 360.000 campesinos inscritos en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), de los que sólo 21.164 son jóvenes. A los viejos que no están integrados en las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) les espera el más absoluto desamparo, pues no contarán con seguridad social.

Los campesinos están agrupados en dos estructuras: las CPA, que son granjas productivas y sí cuentan con seguridad social mediante el Decreto Ley del 23 de marzo de 1991, y las llamadas Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), que son los campesinos individuales sin jubilación ni asistencia social en caso de accidentes.

Paradójicamente, la mayor parte de los alimentos producidos en Cuba —carne, leche granos, hortalizas, viandas y toda suerte de cultivos menores— los produjeron estos campesinos individuales, sin apenas recursos y sin seguro ahora en la vejez, en menos del 30% del suelo arable. Las únicas tierras, por cierto, que no han sido invadidas por el marabú.

Las llamadas CPA fueron el modo de colectivización empleado en Cuba. Comenzaron a crearse a finales de los años setenta, pero institucionalmente a partir de la Ley 36 del 22 de julio de 1982. Se convirtieron en el terror del hombre del campo, que veía su terruño incorporado a «formas socialistas de producción».

De estas cooperativas, 106 ya se han desintegrado y con ellas poco más de 10.000 cooperativistas. Pero aunque la situación del campo en Cuba es muy desigual, pues no tienen las mismas condiciones de vida los campesinos del occidente que los de oriente, más atrasados, explotados y reprimidos, todos por igual están enyugados al derecho agrario cubano, legislado para reducir propietarios, no para incrementarlos.

Si en la Unión Soviética, Stalin empleó el ejército, la policía y los comisarios en la colectivización forzosa, en Cuba los campesinos fueron cooperativizados con igual eficacia, aunque de forma menos ruidosa. La política, en uno y otro país, ha consistido en despojar a los campesinos de la última franja de tierra.

«Pienso que las leyes deben propiciar fórmulas, ¿no?», dijo Fidel Castro en el discurso de clausura del V Congreso de la ANAP, el 17 de mayo de 1977, a propósito del muy candente tema de la cooperativización del campo cubano.

Entonces el campo cubano no había sido tomado todavía por la desidia y por el marabú.

La fórmula: tierras a cambio de pensiones

Puesto que, salvo excepciones, las únicas tierras productivas en Cuba son las que se conservan en manos de los campesinos individuales, DIARIO DE CUBA preguntó a un funcionario del Departamento de Organización de la ANAP provincial en Las Tunas de qué manera un campesino de 80 años, enfermo y sin posibilidad de trabajar ya, podría conseguir una pensión para terminar sus días, luego de haber dedicado más de 50 años al cultivo de la tierra sin poder ahorrar un centavo. (Hasta hace muy poco, el Estado le pagaba a 6,50 pesos cubanos el quintal de pepino, a 9,90 el de lechuga y a poco menos de 12 pesos las cien libras de tomate.)

«Mediante el Decreto Ley 125», respondió el funcionario. «Pero no se lo aconsejo.»

El Decreto 125, firmado por Fidel Castro el 30 de enero de 1991 y aún vigente, regula la posesión de la tierra.

«Mire mi tierra, una tacita de oro. Pago por la mala hierba que encuentren aquí. Pero ya no puedo trabajarla, estoy viejo y achacoso. Tengo quien me la compre, y con lo que me dan por ella sobra para lo que me resta de vida, pero está prohibido, tengo que vendérsela al Estado o entregarla a cambio de una pensión, y ¿para qué?», dijo a DIARIO DE CUBA un campesino propietario de un terreno.

Según el Decreto 125, si este viejo propietario se viera en la necesidad de reclamar una pensión, tendría que entregar a cambio sus tierras. Más allá del campo del anciano, el terreno estatal cubierto de marabú se pierde en el horizonte.

Las leyes agrarias son tan severas con quienes no se sometieron a la colectivización que aún campesinos excepcionales han sido privados de la seguridad social.

En Cuba, salvo para los encumbrados, ser millonario es ser delincuente, pero otra cosa es ser cortador de caña millonario, lo que significa ser elevado a la categoría de héroe.

Abel Batista, un campesino propietario de unas 30 hectáreas de tierra, en los años ochenta cortó caña por millones, lo que le valió ganar un automóvil y fama en la nomenclatura. Fueron sus amigos el difunto ministro de la Agricultura, Alfredo Jordán, y el actual presidente de la ANAP, Orlando Lugo Fonte.

Pero Abel se dio a las faldas y a la bebida y perdió amigos, familiares y hasta la tierra, que según el Decreto 125 de Castro, debió entregar a cambio de una de esas pensiones que oscilan entre 65 y 125 pesos cubanos mensuales.

De nada le sirvió esforzarse entre los surcos cortando millones de arrobas de caña. Si se es un campesino no colectivizado, en Cuba esos millones no sirven ni para una chequera de seguridad social.

En lo adelante, junto con los nuevos trabajadores por cuenta propia, también los campesinos individuales aportarán ingresos para la seguridad social, por lo que se beneficiarán de ella. Pero esto es «en lo adelante». El pasado no cuenta.

Decir que en Cuba un campesino es un propietario es un falso razonamiento. La tierra no pueden venderla ni arrendarla, el Estado fija los precios de las cosechas y las condiciones del mercado.

Entre un campesino particular y un obrero estatal las diferencias son mínimas. Luego, como tantos otros, también los Artículos 46, 47, 48 y 49 de la Constitución de la República en lo referido a trabajo y seguridad social son meros sofismas.

A miles de campesinos que durante más de 50 años produjeron para la nación, que debieron pagar impuestos onerosos por semillas, fertilizantes, herramientas y combustibles, hoy el gobierno, ese mismo que les fijo precios, plan de siembra y les reguló el mercado para que no obtuvieran más ganancias que las de un obrero asalariado, los deja en la calle, sin recursos.

Y después dicen que son socialistas.

El Gobierno tiene listas para entregar unas 800.000 hectáreas de tierras ociosas en usufructo a productores privados dispuestos a trabajarlas, informó AP.

El fondo nacional de las parcelas «declaradas ociosas sin entregar era, al cierre del primer trimestre (del 2010), de casi 800 mil hectáreas», aseguró el jueves el periódico oficial Granma, que tomó las cifras ofrecidas por Pedro Olivera, director del Centro Nacional de Control de la Tierra, del Ministerio de la Agricultura.

El Gobierno inició en 2008 una reestructuración del sector agrícola que incluyó la repartición de terrenos a personas interesadas en hacerlas producir, una medida para sacar al país de una fuerte crisis y disminuir las importaciones de alimentos para la población, cuyo precio se disparó en el mercado mundial.

Hasta la fecha, se entregaron un millón de hectáreas, y el 70% ya se encontraba en alguna fase productiva, según informaciones oficiales de meses pasados.

Olivera indicó, de acuerdo con Granma, que el 25% de las tierras entregadas fueron dedicadas por sus nuevos usufructuarios a las viandas, hortalizas y granos, mientras las restantes se pusieron en función del ganado vacuno lechero, la ceba de toros, arroz y caña de azúcar, entre otros.

Sin embargo, en las últimas temporadas se hizo «cada vez más lento» el proceso de entrega de las tierras —las 800.000 restantes—, comentó Olivera, debido a que los mejores suelos ya fueron tomados a la par que «organismos y entidades, con fértiles áreas y apenas usadas, se resisten o demoran en declararlas ociosas».

«Al justificar esa tardanza hablan de planes y perspectivas, que pese a los años no acaban de materializarse», indicó el funcionario.

Según la ley, las fincas o empresas agrícolas deben informar sobre las tierras que tienen sin producir y, luego de una evaluación, entregarlas para que sean a su vez dadas en usufructo.

Paralelo a la entrega de tierras, se puso en vigor una normativa para vender implementos e insumos a estos nuevos productores y algunos se quejaron de los precios elevados de los mismos.

«Aunque es un Decreto-Ley relativamente nuevo, no exento de tropiezos, dificultades y cierta lentitud en los trámites, rejuvenece los campos y son muchos los que jamás pensaron en la producción agrícola y se han sumado», expresa Granma. «De paso, trae de vuelta a obreros de origen campesino que estaban en las ciudades en otras labores».

La Ley de entrega de tierras en usufructo dispuso que las parcelas —entre 13 y 40 hectáreas— sean concedidas por un término de 10 años a particulares, pero si se trata de personas jurídicas, como cooperativas, se ofrecerán hasta por 25 años. En ambos casos se podrá renovar una y otra vez por similar tiempo los contratos.