Cuentapropismo en detalle

Ex preso de conciencia causa de los 75

Periodista Independiente y Economista

Junio 01 de 2011

En primer lugar, del total de nuevos cuentapropistas, el 68 % son personas que no poseían vínculo laboral y un 16 % son jubilados, por lo cual únicamente se incorporaron al cuentapropismo un 16 % de trabajadores procedentes del sector estatal. Ello indica que hasta el momento, el aumento es producto esencialmente de la legalización de personas que venían trabajando sin autorización. Un hecho que tiene aspectos positivos (pago de más impuestos al presupuesto y cierto ordenamiento social), pero baja relevancia económica y, ante todo, no ayuda en la medida necesaria al objetivo central en esta etapa de crear puestos para el 1,3 millón de trabajadores a despedir como consecuencia del necesario reordenamiento laboral del sector estatal. A esta situación se añade que desde octubre únicamente fueron contratadas 38.704 personas en los negocios privados, una cantidad exigua, si además se tiene en cuenta la obligatoriedad legal que tienen algunas actividades de contratar fuerza de trabajo.

Esta dinámica de la llamada actividad no estatal obligó a las autoridades a ralentizar el ordenamiento laboral, en una reunión del Consejo de Ministros efectuada en febrero, incumpliéndose la meta del despido de 500.000 personas hasta abril. El 14 de mayo ese órgano volvió a reunirse y al mismo tiempo que reajustó del Plan de la Economía del 2011, “acordó extender a todas las actividades del sector no estatal la autorización de contratar trabajadores y continuar el proceso de flexibilización del trabajo por cuenta propia”. Hasta ese momento de las 178 actividades permitidas en el cuentapropismo solo a 83 se autorizaba la contratación de fuerza de trabajo.

Respecto a la flexibilización mencionada, el diario Granma el 27 de mayo publicó las medidas adoptadas en el pasado Consejo de Ministros. Entre ellas está exonerar “durante el año 2011 del pago del impuesto por la utilización de fuerza de trabajo a quienes contraten entre 1-5 personas”. Además, “queda eliminada la obligatoriedad de afiliarse al régimen especial de seguridad social para las mujeres de 60 años o más y los hombres de 65 años o mayores”. En el caso del transporte “se aprobó extender de 30 a 90 días laborables el plazo para recoger las licencias operativas otorgadas por las unidades estatales de tráfico del Ministerio de Transporte”. Para la actividad de arriero “se bajará la cuota consolidada a 30 pesos, y lo mismo pagarán aquellos dedicados al transporte de carga con medios de tracción animal, (carretoneros) a quienes se aplicará esta medida con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2011, y le será aplicado el régimen simplificado de tributación”, que implica no pagar impuesto sobre los ingresos personales al fin del año. Asimismo durante el año en curso quedan exonerados de pagar el impuesto simplificado los carretoneros y arrieros vinculados a entidades estatales que perciben mensualmente hasta 400 pesos.

A las personas dedicadas al transporte de pasajeros con medios de tracción animal (cocheros) se les considerará como gasto deducible (cantidad a la que no se aplicará el impuesto sobre los ingresos personales) hasta un 40 % de sus ingresos anuales (el doble de lo fijado inicialmente) y tendrán una disminución de sus cuotas mínimas mensuales de 150 a 100 pesos. Debe recordarse que los cocheros escenificaron una importante protesta hace unos meses en la zona oriental de Cuba, especialmente en Bayamo, en rechazo a los altos tributos impuestos.

En relación con la vivienda se acordó rebajar durante 2011 la cuantía mínima mensual del impuesto por el alquiler de habitaciones de 200 a 150 pesos, en las dos modalidades de arrendamiento: pesos cubanos (CUP) y pesos convertibles (CUC). “De igual forma disminuye la cuantía mínima mensual por el servicio de arrendamiento cuando se trate de viviendas completas arrendadas en CUP: hasta 2 habitaciones se pagarán 100 pesos; incrementándose ese monto en un 50 % a partir de la tercera habitación.”

También se decidió identificar aquellos locales del Estado con un bajo nivel de actividad, fundamentalmente en el sector gastronómico, que mejor rendirían si fueran arrendados a trabajadores por cuenta propia. Paralelamente se incrementó en los paladares de 20 a 50 las sillas permitidas. Se ampliarán los márgenes legales de algunas figuras aprobadas y otras tres se incorporan. El denominado “carretillero” pasa a ser “carretillero o vendedor de productos agrícola de forma ambulatoria”, y se incluyen como nuevas actividades la de granitero, agente de seguros y organizador de servicios integrales para fiestas de 15, bodas y otras. Se ordenó tomar medidas organizativas para piqueras de transporte.

Además, en el campo de la salud, se determinó que el otorgamiento de las licencias sanitarias deberá enmarcarse en plazos mínimos. El Instituto de Planificación Física tomará medidas para evitar la violación de las regulaciones urbanísticas. Se redujo el cobro del permiso para construir de 250 a 100 pesos.
En la reunión del Consejo de Ministros se valoró la necesidad de creación de un mercado mayorista “en la medida en que las posibilidades de la economía lo permitan”. Para el presente año se prometieron recursos por 120 millones de dólares para artículos de ferretería, materias primas e insumos asociados a diferentes actividades, productos para la elaboración y venta de alimentos en diferentes formatos, entre otros.

Indudablemente la flexibilización de los mecanismos del trabajo por cuenta propia es una vía adecuada para salir de la crisis, aunque todavía los pasos dados distan mucho de los cambios necesarios. En especial resulta importante la decisión de entregar a particulares los locales hoy administrados ineficientemente por el Estado. Asimismo es positiva la elevación del número de sillas en los paladares. Ambas medidas podrían fomentar pequeñas y medianas empresas (PYMES), prósperas y eficientes, creadoras de puestos de trabajo, con aportes considerables para el Presupuesto Nacional y una saludable competencia que podría mejorar la calidad de los servicios y productos para la población y la economía en su conjunto.

Sin embargo, se requiere una actitud más racional en materia de impuestos. En especial en relacionado a los asfixiantes gravámenes sobre ingresos personales y la utilización de la fuerza de trabajo. En cuanto al no cobro de impuesto por la utilización de fuerza de trabajo en 2011 a quienes contraten entre 1-5 personas y que todas las actividades permitidas puedan contratarla, aunque es un paso acertado, resulta absolutamente insuficiente si no se acompaña de una revisión radical del impuesto progresivo a la fuerza de trabajo. Como está establecido, en determinados casos el monto del impuesto a tributar puede ser superior a los salarios pagados, una situación irracional que desalienta la creación de empleos. La aceptación de nuevas figuras en la lista de profesiones permitidas, es una medida muy limitada, referida a oficios de poca significación. Debe ampliarse radicalmente, incluyendo los graduados universitarios. Además, en aras de promover el trabajo por cuenta propia, sería de utilidad decretar moratorias más generosas en el cobro de impuestos y la contribución a la seguridad social. En esta última, en una primera etapa no debe ser obligatoria, y debería equipararse a las condiciones establecidas para los trabajadores del sector estatal.