Cuba, ¿actualizando la actualización?

En: Laborales

31 May 2011

Cada día resulta más evidente que las reformas aplicadas por el Gobierno de Raúl Castro no han alcanzado los objetivos previstos, sobre todo aquellos determinantes para la salida de la crisis. A casi tres años de haberse adoptado el Decreto-Ley 259 para la entrega de tierras en usufructo y distribuido más de un millón de hectáreas, no aumenta la producción agropecuaria. Incluso en 2010 descendió en un 2,8 %, sin incluirse la desastrosa cosecha cañera 2009-2010, con un misérrimo rendimiento de 27 toneladas de caña por hectárea.



Cuba, ¿actualizando la actualización?


Por: Oscar Espinosa Chepe

Ex preso de conciencia causa de los 75

Periodista Independiente y Economista

Mayo de 2011

Las causas de que las medidas básicas aprobadas por el Gobierno no hayan funcionado de la forma requerida residen en la inadecuada preparación para que las reformas se lleven a cabo de manera normal

Cada día resulta más evidente que las reformas aplicadas por el Gobierno de Raúl Castro no han alcanzado los objetivos previstos, sobre todo aquellos determinantes para la salida de la crisis. A casi tres años de haberse adoptado el Decreto-Ley 259 para la entrega de tierras en usufructo y distribuido más de un millón de hectáreas, no aumenta la producción agropecuaria. Incluso en 2010 descendió en un 2,8 %, sin incluirse la desastrosa cosecha cañera 2009-2010, con un misérrimo rendimiento de 27 toneladas de caña por hectárea.

Tampoco la ampliación del trabajo por cuenta propia, con el objetivo de coadyuvar a crear empleos y poder ubicar 1,3 millón de personas sobrantes en los centros de trabajo, ha funcionado como fue programado. Esto provocó el incumplimiento del despido de 500.000 trabajadores hasta abril y que se haya ralentizado el proceso. El programa de reorganización de la fuerza de trabajo es esencial para incrementar los bajos niveles de productividad y elevar la disciplina y el orden en los centros laborales atestados de personal sobrante, a lo que se agrega la necesidad de disolver entidades innecesarias y burocráticas que representan una carga insoportable para la economía nacional.

Sin la elevación de la productividad, el orden y la disciplina resulta imposible aumentar los bajos niveles salariales (equivalentes a menos de 20 dólares, como media mensual), lo cual impide la motivación laboral. El pago por resultado del trabajo, en principio una medida correcta implantada en febrero de 2008, tampoco ha funcionado como debía, a causa de la desorganización e indisciplina laboral imperante, el marco reducido de decisión de los directores de empresa, la ausencia de reales normas de trabajo y la falta de aseguramiento de los abastecimientos para garantizar el flujo productivo.

Los motivos de que las medidas básicas aprobadas por el Gobierno no hayan funcionado como se requiere residen fundamentalmente en la inadecuada preparación para que las reformas fluyeran normalmente. Asimismo, perviven dogmas contra la gestión privada y el papel del mercado que frenan el normal desenvolvimiento de los tímidos cambios. Un proceso que se persiste en calificar de actualización de un sistema probadamente irreparable, cuando en verdad debe ser radicalmente sustituido para que la economía y la sociedad en su conjunto puedan avanzar. Además, en la aplicación de las medidas prevalecen concepciones parciales, carentes de una visión económica integral. En las tierras entregadas en usufructo, no se trata solo de la limitación de los plazos por 10 años, los obstáculos para construir viviendas y otras instalaciones, la carencia de recursos para trabajar y las barreras burocráticas afrontadas por los usufructuarios, sino también permanece la camisa de fuerza que impide trabajar libremente y la obligación de entregar a la organización de acopio, a los precios fijados por ella, la mayor parte de las cosechas, y en ciertos cultivos el 100 %, mientras deben pagar a precios exorbitantes los pocos insumos disponibles en las tiendas estatales.

En estas circunstancias no debe sorprender el continuo descenso de la producción agrícola, cuyos niveles en ciertos casos, como el café que recibió tierras en usufructo antes de promulgarse el Decreto-Ley 259, han descendido escandalosamente, provocando que Cuba de exportadora tradicional terminara como importadora del grano en una cantidad cercana a los 50 millones de dólares anuales. El problema reside en que los campesinos cultivadores del cafeto en las montañas, en zonas inhóspitas, obtienen precios de acopio que, aunque incrementados últimamente, siguen sin ser justos y no estimulan la producción. Así el cultivador recibe como fruto de su labor aproximadamente el 6 % del valor recibido por el Estado por el café vendido en sus tiendas en divisas.

En cuanto al inicio del trabajo por cuenta propia no fue preparado adecuadamente, no solo en los municipios como ahora oficialmente es reconocido. Comenzó sin siquiera un mercado mayorista para garantizar los insumos, y se ha sobrecargado de impuestos, con la clara intención de imposibilitar su desarrollo y de que constituyan una especie de negocios “bonsái”, fácilmente manejables por el poderoso Estado. El insuficiente desempeño del cuentapropismo —solo se han contratado 38.704 trabajadores por los negocios privados hasta el cierre de abril— ha obligado a ralentizar el cronograma de despidos y, con ello, demorar la llegada de los eventuales beneficios para una economía, que “está al borde del precipicio”.

Quizás por este cuadro nada halagüeño, el Gobierno anunció en el Punto 189 de los Lineamientos de la Política Económica y Social, su disposición a modificar el Decreto-Ley 259 y en el Punto 183 enunció atender “la posibilidad de que el productor concurra al mercado con sus propios medios”. Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en entrevista publicada por el periódico Juventud Rebelde el 15 de mayo, apoyó que el usufructo sea permanente y propiciar que los usufructuarios puedan establecerse en sus tierras y construir sus casas y otras instalaciones para proteger sus bienes. Asimismo se mostró favorable a que en caso de fallecimiento de los usufructuarios, sus hijos tengan derecho a heredar.

Lugo Fonte, además, apoyó que los usufructuarios puedan vender sus productos directamente y expresó que “si en Cuba existe una producción privada y diversificada, no puedes tener una comercialización monopolizada”. Sus palabras no pueden ser fortuitas, y corresponden al reconocimiento por las autoridades de que las limitadas medidas adoptadas han fracasado y deben ser ampliadas para enfrentar el serio problema de la carencia de alimentos, agudizado por el sustancial aumento de los precios en el mercado internacional.

Lo planteado en los Lineamientos y la clarificación adicional del presidente de la ANAP, aunque un avance, todavía quedan distantes de las necesidades de la agricultura. Un proceso de privatización de la tierra sería la solución óptima, pero las medidas que el Gobierno parece dispuesto a tomar ahora significarían un paso positivo. De todos modos hay que esperar la concreción de esas ideas y los instrumentos legales al respecto.

Una situación similar acontece con el trabajo por cuenta propia. La reunión del Consejo de Ministros del 14 de mayo acordó extender la autorización de contratar trabajadores a todas las actividades del sector no estatal y continuar el proceso de flexibilización del trabajo por cuenta propia. Como se conoce, de las 178 actividades permitidas en el cuentapropismo, solo 83 tenían permiso para contratar fuerza de trabajo. Esta medida es correcta pero limitada, pues no elimina el principal problema para la contratación de fuerza de trabajo, que es la enorme cantidad de impuestos, crecientes en la medida en que se contrate mayor personal, evidentemente con la intención de evitar el desarrollo de los negocios. Es necesario cambiar esa política, pues hoy el objetivo central de esta modalidad de trabajo es la creación de puestos de trabajo que empleen a quienes quedarán desocupados en el proceso de restructuración laboral. Para eso debería reducirse esos y otros impuestos, llevándolos a niveles racionales, e incluso estudiar la posibilidad de establecer una moratoria en la contribución obligatoria a la seguridad social y a algunas actividades que podrían ser importantes fuentes de empleo. Al mismo tiempo resulta indispensable aumentar los oficios permitidos y facilitar a los profesionales ejercer privadamente.

El estímulo a la creación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), en una primera etapa, al flexibilizar la economía, podría promover el incremento de puestos de trabajo, riquezas y recursos financieros al Presupuesto, mediante el pago de impuestos racionales. También la privatización de pequeños talleres, tiendas y servicios, entregándoseles a personas o cooperativas, redundaría en una gestión eficiente y rentable de establecimientos que hoy son fuentes de pérdidas, ineficiencia, descontrol y corrupción.

Por supuesto, resulta evidente que tienen que abandonarse conceptos desfasados contra la propiedad privada y establecerse mecanismos de gestión que tomen en cuenta el mercado en un marco regulado. Hay que perseverar en la promoción de la eficiencia y la clarificación del concepto de beneficio social. Está probado que no podrán ser útiles y beneficiosas a la sociedad empresas estatales subvencionadas, promotoras de improductividad y alentadoras del ocio y la corrupción. Empresas privadas, ya sea de gestión individual o cooperativas, que aporten al presupuesto estatal, realicen buenos servicios y tengan clara tendencia al progreso, tienen un carácter social indiscutible.

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Acerca de este Blog

Pedro Pablo Álvarez Ramos es ex-preso de conciencia de la Primavera Negra de 2003, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC) y miembro del grupo gestor "Proyecto Varela".

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