¿Cuántos más tendrán que morir?

A continuación, el texto de la misiva:

La muerte del preso de conciencia Wilman Villar Mendoza en las cárceles cubanas en exigencia del respeto a sus derechos, ocurre a menos de dos años de otro caso muy similar, el del también preso de conciencia Orlando Zapata Tamayo, lo cual debiera hacernos reflexionar a todos.

Si bien se trata del segundo caso de un luchador cívico que ofrece su vida mediante una huelga de hambre en el último período del movimiento disidente pacífico, no son los únicos presos políticos que, bajo un régimen que intenta ocultar y silenciar todos sus desmanes a través del monopolio de los principales medios de comunicación y el férreo control represivo, han muerto mediante esta forma de protesta, una de las pocas —y muchas veces la única—, que les queda a los encarcelados opositores al Gobierno cubano por los tratos inhumanos y degradantes a que son sometidos. Son muchos más, en total trece, los que han podido documentarse hasta ahora:

– Roberto López Chávez, de 25 años de edad, murió el 11 de diciembre de 1966 en la prisión de Isla de Pinos, sin haber recibido atención médica.
– Luis Álvarez Ríos, de 31 años, murió el 9 de agosto de 1967 en la prisión Castillo del Príncipe, La Habana, sin haber recibido atención médica.
– Francisco Aguirre Vidarrueta, murió en septiembre de 1967 en la prisión Castillo del Príncipe, La Habana.
– Carmelo Cuadra Hernández, murió el 21 de julio de 1969 en una prisión de La Habana en huelga de hambre, sin haber recibido atención médica.
– Pedro Luis Boitel, de 34 años, murió el 25 de mayo de 1972 en la prisión Castillo del Príncipe, La Habana, sin haber recibido atención médica.
– Olegario Charlot Spileta, murió el 15 de enero de 1973 en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, sin haber recibido atención médica.
– Enrique García Cuevas, murió el 23 de mayo de 1973 en la prisión provincial de Pretensado, Las Villas, sin haber recibido atención médica.
– Reinaldo Cordero Izquierdo, murió el 21 de mayo de 1975 en una prisión de Pinar del Río, sin haber recibido atención médica.
– José Barrios Pedré, murió el 22 de septiembre de 1977 en una celda de máximo rigor en la prisión Pretensado, Las Villas.
– Santiago Roche Valle, de 45 años, murió el 8 de septiembre de 1985 en la prisión Kilo 7, Camagüey. Sufrió un paro cardíaco, sin haber recibido atención médica.
– Nicolás González Regueiro, de 42 años, murió el 16 de septiembre de 1992 en la prisión de Manacas, Las Villas.
– Orlando Zapata Tamayo, de 42 años, murió el 23 de febrero de 2010. Horas antes de su muerte lo llevaron al Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras en La Habana.
– Wilman Villar Mendoza, 31 años, murió el 19 de enero del 2012 en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, a donde había sido trasladado desde una celda con baja temperatura de la prisión de máximo rigor de Aguadores donde contrajo una pulmonía.

Esta lista no incluye a los prisioneros políticos que han muerto en otras circunstancias, ya sea por negación de asistencia médica o por agresiones de los carceleros. Otros son los casos de muertes fuera de los muros carcelarios donde han estado sospechosamente presentes, de una u otra forma, las manos de las autoridades. En este sentido no podemos dejar de mencionar que en los últimos dos años, además de los casos de Zapata Tamayo y Villar Mendoza que perdieron sus vidas por huelgas de hambre en las prisiones, los de Juan Wilfredo Soto García, muerto de una pancreatitis aguda tres días después de ser golpeado brutalmente por un policía en el parque Leoncio Vidal de Santa Clara el 5 de mayo de 2011, y Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco, fallecida el 15 de octubre de 2011 después de varios días de hospitalizada por un fallo respiratorio tras sufrir el asalto de turbas dirigidas por agentes de Seguridad del Estado que la arrinconaron violentamente contra un muro el 24 de septiembre.

¿Cuántos más tendrán que morir para que el régimen cubano acepte al menos lo más elemental que se le ha pedido en estas huelgas: el respeto a la vida, la integridad de la persona humana y su dignidad? Wilman Villar Mendoza no hizo huelga de hambre para que el país regresara al capitalismo ni para que los gobernantes cubanos renunciaran a sus cargos o efectuaran reformas constitucionales, sino para que se corrigieran las violaciones procesales perpetradas en su caso. En un país con un mínimo de respeto a los principios de un Estado de Derecho, hubiese podido apelar exitosamente, ya que su condena tiene visos de ilegalidad y represalia política.

Al igual que hizo con el mártir Zapata Tamayo, al día siguiente de la muerte de Villar Mendoza, el Gobierno cubano comenzó una campaña difamatoria. En nota publicada el 20 de enero de 2012 en Cubadebate, el Gobierno lo califica de “recluso común” y atribuye su encarcelamiento a “un escándalo público en el que agredió y provocó lesiones en el rostro de su esposa”. Esa nota ha sido difundida por todos los medios de comunicación cubanos, incluyendo la emisora radial más oída en Cuba, Radio Reloj, por lo que las pequeñas hijas de Villar Mendoza —de cinco y siete años de edad— han estado expuestas a oír semejante injuria sobre su padre. Maritza Pelegrino Cabrales, la viuda de Villar Mendoza, negó tales hechos: “pido al Gobierno cubano que me muestren en televisión (…) para que en Cuba vean que el Gobierno cubano está mintiendo, de que en ningún momento me hizo lesiones en la cara ni me golpeó”.

Si Villar Mendoza fue procesado por un delito común y la fecha en que cometió ese supuesto abuso doméstico según la versión gubernamental, fue el doce de julio, ¿por qué se le encarcela cuando participa en una manifestación pacífica el 14 noviembre, es decir, cuatro meses después de los hechos que se le atribuyen? Es comprensible que incluso el Gobierno cubano niegue que en verdad realizara una huelga de hambre, incapaz de explicar cómo es posible que los dos últimos hombres que murieron acudiendo a ese recurso extremo, tachados por ese Gobierno de delincuentes, tuvieran el valor de llevar hasta las últimas consecuencias semejante acto en defensa de sus derechos. Ningún malhechor, carente de ideales y de principios, es capaz de realizar tal sacrificio. De aceptar la versión de que esa huelga no se produjo, habría que suponer que sus compañeros de lucha al denunciar desde varias semanas antes el peligro de muerte que se cernía sobre Wilman Villar Mendoza, son zahoríes capaces de vaticinar una muerte supuestamente impredecible. Pero aun aceptando la versión gubernamental, esas autoridades deberían explicar en qué condiciones carcelarias se encontraba el prisionero para que sin que medie un ayuno prolongado, fuera susceptible de contraer “neumonía severa”.

Quienes se arrogan el derecho de hablar en nombre del pueblo, no tienen otra alternativa que calificar a estos luchadores de delincuentes, cuando, ante el empuje de ciudadanos pacíficos donde predominan las personas más humildes y sobre todo mujeres y negros, no pueden continuar adjudicándoles los epítetos tradicionales de “agentes del imperialismo” o “vendepatrias”. El Gobierno cubano no puede admitir que quien comienza a erguirse gallardamente exigiendo sus derechos, no es otro que el propio pueblo indignado.

Dado a los 28 días del mes de enero de 2012.

Inés Aizpún, Periodista, Dominicana.
Dora Amador, periodista, Florida, Estados Unidos.
Luis Beiro, escritor y periodista, República Dominicana.
Juan Antonio Blanco, analista político, Florida, Estados Unidos.
Rolando Castañeda, economista, Washington D.C., Estados Unidos.
Manuel Castro Rodríguez, profesor universitario, Panamá
Raúl E. Colón Rodríguez, editor, periodista y traductor, Canadá.
Moraima Díaz, Psicóloga Criminalista. Dominicana.
Haroldo Dilla, Sociólogo, República Dominicana.
Laritza Diversent Cambara, Abogada, La Habana, Cuba.
Gonzalo Fernández, escritor, Carolina del Norte.
Fernando Ferrán, antropólogo, diplomático, República Dominicana.
Blanca García, trabajadora social, Florida, Estados Unidos.
José Gómez Cerda. Sindicalista. Sociólogo. Periodista. Dominicano.
Luis González Ruisánchez, periodista, República Dominicana.
Vicente R. Gutiérrez Santos, economista y analista político, España.
Ariel Hidalgo, maestro, Florida, Estados Unidos.
Rosa María León, activista cívico, República Dominicana.
Rafael León Rodríguez, activista cívico, República Dominicana.
Antonio Llaca, cirujano, Venezuela.
Pedro Ramón López, empresario, República Dominicana.
Gaetano Lo Bianco, dirigente sindical, Sicilia. Italiano.
Felipe P. Manteiga, Florida, Estados Unidos.
Antonio E. Morales-Pita, profesor universitario, Estados Unidos.
Ramón Núñez Ramírez, economista, ingeniero y comentarista de tv, Dominicano.
Oscar Peña, activista derechos humanos, Florida, Estados Unidos.
Iván Pérez Carrión, filólogo, periodista y traductor, República Dominicana.
Yanira Pino, Periodista, República Dominicana.
José Prats Sariol, escritor, México.
Ricardo Puerta, sociólogo, Honduras.
Mario Rivadulla, periodista y comunicador, República Dominicana.
Mary B. Rivadulla, profesora de diseño digital, Puerto Rico.
Pablo Rodríguez Carvajal, comunicador, Florida, Estados Unidos.
Cecilio Vázquez, ex capitán Ejército Rebelde, República Dominicana.
Camilo Venegas, poeta, escritor, República Dominicana.